13 enero, 2021
, GESTIÓN SOCIAL

LA EDUCACIÓN SE CULTIVA DESDE ABAJO

Corría el año 2011 y en las tierras mendocinas se sembró la semilla de un proyecto educativo para la formación de distintas comunidades campesinas que se materializó en muchos logros para esos sectores que estaban excluidos del sistema tradicional. Así fue como surgieron las denominadas «escuelas de gestión social», como el Bachillerato Popular Violeta Parra, del barrio La Favorita en Mendoza capital, la Casa Trinitaria en Guaymallén y la Escuela Campesina de Agroecología, ubicada en Lavalle. Marta Greco, directora de esta última, explica que “la gestión social tiene como objetivo ampliar el derecho a la educación, entendiendo al Estado como garante; en estos espacios no se recibe conocimiento, sino que se construye desde la experiencia y el territorio de quienes acuden para transformar la realidad”.

El 28 de diciembre pasado, la comunidad educativa y campesina recibió sin aviso previo la noticia de que el gobierno provincial planeaba poner fin a los convenios que garantizaban la existencia de estos espacios educativos. Esta decisión implicaría que los mismos no puedan entregar títulos secundarios a todas las pibas y pibes que ahí estudian, ni habría reconocimiento académico a las y los docentes, que también dejarían de percibir sus salarios. Ante esta situación, los integrantes de las instituciones, acompañados por la solidaridad de otros integrantes de la comunidad educativa de Mendoza, terminaron el 2020 y empezaron el año nuevo de la misma forma: en lucha, para no permitir el avasallamiento al derecho a la educación. El jueves pasado fueron a la sede del gobierno provincial para que la Dirección General de Escuelas a cargo de José Thomas los escuchara, reconociera la importancia social, cultural y pedagógica de este proyecto educativo alternativo y garantizara su continuidad. Ahora, la provincia tiene 15 días para dar una respuesta ante su compromiso de estudiar la situación.

Anabel Ribasbach, docente del Bachillerato Popular Violeta Parra, explica el trasfondo de la medida que el gobierno mendocino intenta imponer: “Entendemos que es una decisión totalmente política; la Dirección General de Escuelas nos sugirió que buscáramos financiamiento privado y que veamos la posibilidad de abrir un Centro de Actividades Educativas, que no sólo atiende a una población de rango etario distinto, sino que lo hace con una estrategia pedagógica totalmente diferente. No se puede abandonar nuevamente a esta población de estudiantes históricamente excluida del sistema quitándoles el derecho a la educación que había logrado conquistar”.

¡No hay tiempo que perder! Hoy la lucha se sostiene más que siempre para continuar con la escolaridad. La magnitud de esta necesidad se refleja en las palabras de Oscar Soto, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra: “Sólo en las tres escuelas que tenemos, hay 65 alumnos matriculados que durante el 2020 se enfrentaron a miles de dificultades por tener que estudiar en un contexto de pandemia y sin internet. y ahora les llega esta noticia terrible”.

Pero nuestras escuelas resisten,
¡acá no se rinde nadie!

 

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