Si alguna vez pudo dar la impresión de que hablábamos metafóricamente para referirnos a la matanza que todavía persiste contra los pueblos originarios por la usurpación de sus tierras, ahora queda lamentablemente claro que la expresión era literal. No nos referíamos únicamente al crimen del abandono o al brutal exterminio de sus derechos, con la consecuente muerte de sus identidades; también hacíamos alusión a la violencia y asesinato físico, concreto y real contra sus representantes. Sí, en 2009 todavía matan a indios para robarles sus tierras.
Resignificando el ridículo Día de la Raza, actualmente los primeros habitantes de estas tierras eligen el 12 de octubre para reivindicar el respeto por lo que legítimamente les pertenece, para promover la igualdad en la diversidad. Ese mismísimo día de este año, un terrateniente y dos ex policías atacaron a balazos a los miembros de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, algunos kilómetros al norte de la capital tucumana, mientras éstos defendían con su presencia y su voz el derecho a la tierra en la que viven hace siglos. Javier Chocobar, dirigente de 68 años de esta comunidad diaguita, murió desangrado por un balazo en el abdomen en manos de los malditos usurpadores, mientras que otros dos de sus compañeros fueron heridos y tuvieron que ser hospitalizados.
Que quede bien claro; un comunero indígena fue asesinado hace menos dos meses por representantes del poder económico que abrieron fuego indiscriminadamente contra un reclamo pacífico que no debería existir si tampoco existiera la complicidad oficial ante la usurpación ilegal y, sobre todo, ilegítima de esas tierras. Desde el año 2006, la Ley 26.160 de Emergencia de Propiedad Comunal suspende cualquier desalojo o proceso judicial en contra de los pueblos originarios; a pesar de esto, todavía no se toman las medidas 
necesarias que deberían exigir el cumplimiento sin excepciones de esta disposición. Idéntico beneplácito de los gobernantes y semejante ambición privada fue lo que permitió que en febrero de este año Sergio Condorí, de la Comunidad India Quilmes estuviera catorce días detenido en Famaillá, acusado injustamente de herir con un arma blanca a una persona ajena a esa comunidad, cuando éste intentaba apropiarse de una represa comunitaria ancestral sobre la cual no tenía ninguna clase de derecho.
Sentimos que las injusticias cometidas contra las comunidades indígenas son las mismas que se emprenden todos los días contra nuestros barrios. La indiferencia de los dirigentes que deberían gobernar para el beneficio de todos, y la codicia de los grupos a los que no les importaría en lo más mínimo que muchos voláramos en mil pedazos con tal de imponer su explotación privada de las tierras y las personas, nos unen en una misma lucha. Las garantías inexistentes para que podamos vivir, y no sobrevivir, en condiciones dignas, en el lugar que elegimos para hacerlo, son las mismas que se les niegan a los pueblos originarios con cada uno de estos ataques inhumanos. Una nueva victoria del indigenismo socialista en Bolivia sigue surcando el camino del latinoamericanismo que reivindicamos y por el que trabajamos. Por eso, acá estaremos mientras sea necesario, haciendo uso de las armas más efectivas para combatir los embates que pretendan impedirlo, a través de una construcción colectiva y plural.
