por Luciano Ortiz Almonacid, abogado de la Flia. de Kevin, con apoyo de CELS y La Poderosa.

A casi 18 meses y tras haber citado a declarar en indagatoria a siete prefectos, el juez de la causa entendió que la actuación de la Prefectura fue «precaria», que el resultado fatídico era probable y que la muerte de Kevin pudo ser evitada. “La sola presencia uniformada hubiera desalentado la evolución de los hechos, evitando las fatídicas consecuencias ulteriores, corroboradas y previsibles, si se estaba produciendo un enfrentamiento armado”, afirma la resolución que procesa a uno de los Oficiales responsables del operativo.

Ya sobre fines de 2014, habíamos informado el vuelco que había tenido la causa, a partir de las investigaciones a los prefectos y gendarmes presentes aquel 7 de septiembre de 2013 en el barrio Zavaleta y, que en el marco de un brutal tiroteo extendido por más de tres horas, liberaron la zona. Desde ese mismo día, la familia denunció que, tras las primeras ráfagas, un efectivo afirmó “que se maten”, mientras toda la Prefectura abandonaba la zona. Por esas horas, Kevin estaba ahí, escondido bajo la mesa.

Y sí, finalmente, el juez de la causa consideró que “el personal de la Prefectura Naval abocado no cumplió con el deber de prevención que tenía a cargo, en su carácter de garante, puesto que de ninguna forma se puede justificar esa precaria actuación prevencional, limitada a posicionarse en la zona conflictiva a la espera de ser incitados a la acción por los vecinos, ni mucho menos alegar que esa zona no les correspondía por cuestiones jurisdiccionales.”

Sin lugar a los argumentos falaces que se presentaron como justificaciones para lo injustificable, el Dr. Luis Alberto Schelgel se expresó contundentemente: “Los imputados señalaron en su descargo que estaban cumpliendo órdenes del Comando Radioeléctrico y que, luego de cada desplazamiento, al notar el panorama normal, dieron aviso a dicho comando, el cual les ordenó continuar. Sin perjuicio de ello, la mencionada circunstancia tampoco los exime de responsabilidad, pues se encontraban en el lugar del hecho, siendo los únicos competentes para evitar que los sucesos pasaran a consecuencias ulteriores de mayor gravedad. A saber: la muerte del menor. Ese resultado fatal, aun analizándolo post facto, no se presentaba como improbable a esas instancias bajo el panorama de violencia que se estaba denunciado al 911. Asimismo, y pese a no haber podido individualizar a los autores de los disparos, como tampoco recabar elementos provenientes de dicho enfrentamiento, entiendo que el personal de Prefectura no efectivizó las medidas necesarias para asegurar el lugar, al menos con un acordonamiento, para que los sujetos depusieran su actitud, como así tampoco para resguardar el lugar del hecho garantizando que, con posterioridad, se pudiera acreditar en forma más concreta lo que estaba sucediendo. Tampoco iniciaron actuaciones sumariales a fin de que fuera finalmente la Autoridad Judicial Competente la que decidiera respecto a las medidas que debían tomarse en la zona”.

Todos nosotros lo denunciamos el 7 de septiembre de 2013. Y hoy la Justicia nos dio la razón. Ahora es el juez, quien suscribe la misma afirmación: “Consecuentemente, entiendo que el personal de la Prefectura Naval Argentina omitió las funciones de prevención que le eran exigibles, por el rol de garantes que detentaban en aquella oportunidad”.