Por Abel Córdoba, Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico.
En esa frase, esa expresión que se le escuchó a un gendarme tras decidir «no actuar», pese a lo manifiesto de la situación, se expresa algo muy profundo, que conforma la trama de estos hechos: la decidida voluntad de funcionarios públicos de fomentar la violencia y liberar zonas, conociendo plenamente que así potencian el riesgo para las personas al alcance de esa violencia que, se sabe, será letal.
Hay en esta trama, una decisión incluso de ahorrarse el trabajo de exterminar lo que se desprecia. Lo que se denomina la «tercerización de la violencia», tarea genocida de bajo costo: los que mueren serán siempre, y previsiblemente, pobres; quienes tengan vidas precarizadas, expuestas a esa violencia liberada.
Imposibilitados de sustraerse de la condición que se les impone, cuando no se investiga, cuando sólo se regula el comercio narco, cuando no se urbaniza, cuando se habilita la violencia letal y cuando se obstruye el acceso a derechos fundamentales.
En este caso, Kevin, de 9 años.
Una de las condiciones determinantes para la posibilidad del hecho que terminó con la vida de Kevin fue la decidida omisión de las fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar: los acusados circulaban con armas de dimensiones inocultables, una portación ostentosa, a metros de los puestos de Gendarmería. Y ni siquiera los disparos, más de cien, motivaron la prevención o actuación de esos funcionarios públicos de las fuerzas de seguridad desplegados en el lugar con esa obligación funcional.
