Acá, a sólo 20 minutos de San Miguel de Tucumán, en el barrio Experimental II del Departamento Las Talitas, donde no hay luz eléctrica en la vía pública, ni tampoco pavimentación, vivíamos junto a mi hija, mi esposo y su hermano Ismael, que trabajaba en el vivero, dentro de casa. Yo lo conocí cuando tenía 5 años, vendiendo bollos y empanadillas, pero tiempo después empezó a repartir flores en su carrito tirado a mano. Compartimos muchas horas de charlas, de risas, de chistes. Y poco a poco, nos empezamos a sentir madre e hijo, aunque no hubiera salido de mis entrañas. Fue el varón que nunca tuve. Pero un día, dejé de tenerlo otra vez.
Lo mató la Policía de Tucumán.
Flaquito e indefenso, fue criado por gente que trabajaba en la cortada de ladrillos, a la que todo le costaba el doble. Ya desde chico, vivió siempre de buen humor, hasta ese 10 de noviembre de 2011, cuando salió de casa.
Y nunca más volvió.
Dos tipos de civil, armados, comenzaron a perseguirlos entre gritos y disparos. ¿Ustedes no se asustarían? Ellos también: salieron corriendo, pensando que les iban a robar, hasta que fueron alcanzados y recibieron una golpiza tal que Ismael quedó agonizando en el Centro de Salud. Una vez allí, nos enteramos que Mondino Becero y Arturo Monserrat, los responsables, formaban parte de la Policía de Tucumán. Y que además de haberlos fajado por pobres, por negros, por «sospechosos», en la comisaría de Las Talitas los obligaron a firmar un acta que los acreditaba como “víctimas de un asalto”.
Me lo entregaron en una bolsa de residuos negra.
Debimos esperar mucho, muchísimo, hasta que un médico policial le realizó la autopsia. Y sí, no es un error de tipeo: la hizo un médico de la misma fuerza que lo mató. Gracias a Ismael, a todo el afecto que sembraba él, recibí un inmenso apoyo del pueblo: desde el día del multitudinario entierro, hasta hoy, que pudimos conformar la Mesa de Apoyo a la Causa Ismael Lucena. ¿Para qué? Para que el Juez Romero Lascano no pueda liberar impunemente a sus asesinos, como liberó a los 13 imputados por el caso Marita Verón.
El juicio, que fue postergado en primera instancia, comenzará el 18 de abril.
Pero la causa empezó antes, mucho antes. Por el peso de la industria azucarera y el cierre de los ingenios durante la dictadura del ‘66, se formó un movimiento sindical combativo, que paralizaba fábricas, tomaba intendencias y peleaba por los derechos de los trabajadores. Para silenciarlos, a sus dirigentes y a los guerrilleros de nuestros cerros, el 5 de febrero de 1975 se inició el «Operativo Independencia», un plan sistemático de secuestros, torturas, centros clandestinos y desapariciones forzadas. Fue la antesala de la dictadura más infernal. Y de toda esta gran mafia policial.
Tucumán fue eso, un laboratorio de la dictadura. Pero con la Junta ya en el gobierno, se intensificaron los métodos violatorios. El asesino Antonio Domingo Bussi fue nombrado interventor en la provincia, para garantizar la tortura como política de Estado, y todavía lo estamos pagando. Por eso, este 24 de marzo escribo por lo que nos pasó hace 40 años, bajo un régimen policial “democrático”, que sigue avalando la implementación de la Ley de Contravenciones plasmada por esa dictadura, pese a haber sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el oficial es juez y parte, no existe el derecho a la defensa y la libertad depende del Jefe de Policía.
Por caminar en la calle, te levantan, te pegan, te torturan y sí, también te matan.
Basta de balas racistas. Basta de represión a las comunidades Diaguitas de los valles calchaquíes. Basta de ocultar el crimen de Javier Chocobar, asesinado por defender su territorio. Basta de niñas abusadas por policías, como Luciana Alderetes, que fue violada por dos efectivos. Basta de niñas asesinadas como Pamela Laime, hallada 14 años después de su muerte, enterrada como NN. Basta de manosear la memoria de Paulina Lebbos, víctima del poder. Y basta de trata, ¡la yuta que los parió!
