12 junio, 2016
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Otro 12 de octubre: cinco siglos igual

A don Javier Chocobar, de 68 años, le quitaron la vida un 12 de octubre de 2009, por defender su territorio en la localidad tucumana de Trancas: más de 500 años después, continúa conquistando tierras la voracidad de la especulación financiera, resguardada por el Poder Judicial y justificada por el progreso.

 

El empresario Darío Amín, junto a los policías retirados José Valdivieso y Luis Gómez, se presentó de forma amenazante en la comunidad reclamando la propiedad de las tierras, que para ellos posee valor por la cantera de piedra laja que se encuentra en el territorio. Estos señores, de actitudes colonizantes, abrieron fuego contra los integrantes de la comunidad, provocándole heridas de muerte a Javier e hiriendo a otros tres hombres.

 

A casi siete años del crimen, los tres acusados están en libertad y no hay fecha de juicio. El tribunal que los juzgará está constituido por los jueces Wendy Kassar, Emilio Paez de la Torre, y Néstor Rafael Macoritto.

 

El pasado 6 de junio, la Mesa de Justicia por Chocobar convocó a una actividad frente a Tribunales Penales de la Provincia para exigir la pronta elevación a juicio. Belén Leguizamón, abogada querellante en la causa manifestó: “Nos movilizamos en la puerta de Tribunales Penales, una vez más, exigiendo justicia por Javier Chocobar, y que se fije fecha para el inicio de la causa, ya que no existe ninguna razón jurídica para seguir dilatándola”. Desde octubre de 2014, -cuando se realizó la citación a juicio- no se fijó una fecha para que se abra el debate oral.

 

 

Al cerrar la jornada, escuchamos la voz de Andrés Mamani, Cacique de la comunidad Chuschagasta: “Hoy me llevo una esperanza más, porque es la primera vez que nos reunimos con los jueces, quienes nos prometieron que pronto se dará una fecha para el juicio. Desde la comunidad estamos todos preocupados porque esto no avanza. No entiendo por qué nos hacen esperar tanto, si hay pruebas suficientes para iniciar el juicio. Pero vamos a seguir hasta el final buscando justicia”.

 

La actividad también se realizó en el marco de los diez años de la incorporación del artículo 149 en la Constitución Provincial, que reconoce la pre-existencia étnico cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan la jurisdicción. Este marco legal se suma al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aplicado en nuestro país desde 1992. En su artículo 14 expresa que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.

 

Belén agregó que “a pesar de toda esta protección constitucional que tienen los Pueblos Originarios de Tucumán, constantemente se están vulnerando y avasallando sus derechos, especialmente los territoriales. El caso Chocobar es un claro ejemplo porque el hecho se dio cuando la comunidad estaba defendiendo pacíficamente su territorio al ver que habían ingresado terceros ajenos armados, diciendo que eran dueños”. ¿Y del Poder Judicial? “Aún no se consigue nada, pese a que es el encargado de dar respuestas”.

 

 Desde La Poderosa, entendemos que este hecho no es aislado, ya que sucede en distintos territorios indígenas del país. Según Amnistía Internacional, hay al menos 183 conflictos en que comunidades originarias exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos, empresas, jueces y fiscales. ¿Cuántos hermanos más debemos perder, para que la Justicia entienda de una vez por todas que la Pachamama es fuente de vida?

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