El miércoles 28 de junio por la mañana, en San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán, dieciséis familias de la Comunidad Diaguita «Indio Colalao» se desayunaron sin previo aviso con alrededor de cuarenta efectivos de caballería e infantería en el patio de sus casas, que traían una orden de desalojo dictaminada por el Juez Francisco Pisa y la Fiscal Adriana Cuezo Reinoso, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal N° VII provincial.
Ivana Morales, Secretaria de la Comunidad Indígena, nos contó que la denuncia por usurpación fue realizada por Luis Fernández Valderrábanos -quien luego del desalojo quiso negociar las tierras con la comunidad por doscientos mil pesos- y que el accionar policial estuvo marcado por la falta de disposición al diálogo por parte de los jefes del operativo.
El derecho al acceso a la tierra debe estar garantizado por el Estado y en este caso en particular las tierras en disputa son fiscales. Sin embargo, la Comunidad asegura que la medida judicial responde a intereses empresariales y afirma que el trasfondo del conflicto es la extracción de los áridos. «La fiscal no consideró las presentaciones que hicimos previamente», detalló Ivana, que agregó: «Todas las familias poseen una tenencia precaria de la Comuna de San Pedro de Colalao, que les permite el acceso a la luz y el agua».
El desalojo dictado por el Juez Pisa es violatorio del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y el derecho a la posesión de la tierra de forma comunitaria. Por eso, quien es una de las voceras de la comunidad expresó que la medida se va a revocar, porque con ella «se incumplen todas las normativas nacionales e internacionales de protección de los territorios indígenas, como son el Artículo 75 de la Constitución Nacional y ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena».
Dentro de las familias afectadas hay niños y personas con discapacidad, quienes se encuentran en el albergue de la colonia de vacaciones de San Pedro, sin tener una vivienda donde alojarse.
A causa de los constantes desalojos que padecen muchas comunidades, el próximo jueves 6 de julio a las 9 horas concentraremos en la Plaza Urquiza, para exigir que se respeten los derechos por el territorio que habitan los pueblos originarios.
