13 septiembre, 2017
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Que el Estado provincial no mire para el otro lado

 

La Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia de Tucumán tenía  aproximadamente 70 empleados entre administrativos, ordenanzas y profesionales, de los cuales fueron despedidos 30 trabajadores del Área de Abordaje Territorial. Los equipos territoriales integrados por: psicólogos, trabajadores sociales, profesores de educación física entre otros, cumplen una función imprescindible dentro de la secretaría, trabajando en villas y comunas del interior de la provincia, brindando semanalmente espacios de contención familiar. Además de estar atentos a las urgencias de cada día, estos trabajan en el fortalecimiento subjetivo de las familias promoviendo la organización barrial desde abajo.

 

Un claro ejemplo de la situación vulnerable en la que se encuentra el área de adicciones es el CEPLA (Centro Preventivo Local de Adicciones) de La Costanera. Un proyecto iniciado en junio de 2015. Fue un gran acto de corrupción perpetrado tanto por el Gobierno Nacional como por el Provincial. Se invirtieron 7 millones de pesos en la obra que comenzó pero, dicho por el propio Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, no terminaría, llegando a la consecuencia de haber sido totalmente saqueado en los últimos días. Lo que iba a ser el primer centro de prevención y atención en un barrio vulnerado y azotado por las drogas, un lugar destinado a la organización y contención de chicos en situación de consumo, terminó siendo un terreno baldío al que solo le queda el contrapiso.

 

 Los trabajadores denuncian vaciamiento en la Secretaría en un contexto en el que debido al creciente consumo de sustancias como la pasta base tiene vigencia la Ley Nro. 8931 de Emergencia en Materia de Tratamiento y Recuperación de Adictos, que tiene como objetivos: por un lado profundizar y ampliar en el territorio provincial, los espacios terapéuticos destinados a la recepción, tratamiento y rehabilitación de personas adictas. Y por otro lado ampliar, fortalecer y extender los ámbitos de ejecución de los Programas de Prevención de Adicciones en la Provincia.

 

En la Secretaría existen diferentes situaciones de trabajo precarizado sin acceso a los beneficios de la Seguridad Social, como por ejemplo: expedientes de contratos de locación de servicio cajoneados, locaciones de obra sin modalidades de contratación que tampoco salieron, y 6 de los 30 trabajadores esperan un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Extensión Universitaria de la UNT que tampoco salió y hasta el momento no hay certezas de que se haga efectivo. Sumado a que a algunos empleados se les adeuda hasta 3 meses.

Emilio Mustafá, psicólogo, contó que dentro del equipo donde él se desempeña eran 10 profesionales y ahora quedan sólo 3 para 5 barrios, motivo por el cual suspendieron los dispositivos de Los Vázquez y Barrio La Antena. Manteniendo los de La Costanera, Santa Inés y El Sifón. También expresó que: “Esta situación provoca el corte del tratamiento de muchos jóvenes en proceso de recuperación de adicciones”.

 Los trabajadores se reunieron en asamblea el pasado lunes 11 y resolvieron pedir la reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo, ya que sus contratos precarios finalizaron a fines de Agosto sin ser renovados. Decidieron entonces convocar a una olla popular que se llevará a cabo el jueves 14 de septiembre a las 10 de la mañana en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán (Las Piedras y 9 de Julio).

Marianella Aragón, una de las que espera que se revierta su situación explicó que: “Lo grave de esto viene desde dos lugares, el primero y, para mí, más importante se trata del trabajo descontinuado en los barrios que para ser beneficioso debe ser sostenido; el segundo el trato a los trabajadores que salimos al territorio”.

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