Por Adriana Gentile, abogada querellante en la causa de los magistrados
Este martes, se leyó la sentencia de la Causa de los Magistrados en Córdoba, el noveno juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, y nos dejó sensaciones encontradas: dos condenas excarcelables y dos absoluciones, en un juicio que al menos, sirvió para mostrar a la sociedad la complicidad civil en una dictadura que no se podría haber llevado a cabo sin la participación del Poder Judicial.
Los dos condenados a tres años de prisión cada uno (excarcelable, pues no cuentan con antecedentes) , son el exjuez federal, Miguel Ángel Puga y el exfiscal federal, Antonio Cornejo, ambos por «encubrimiento agravado», en casos como los homicidios de Miguel Ceballos y Hugo Vaca Narvaja. Los fiscales y jueces actuaron como burócratas útiles: no se les movía un pelo ante las denuncias por torturas que llegaban todos los días. Eran los únicos a quienes podían acudir los familiares y rechazaban todos los habeas corpus: en un momento, la gente dejó de confiar en ellos. Los argumentos de la defensa se basaron en que ellos cumplían la ley: es decir, positivistas a ultranza, dispuestos a hacer cualquier cosa que la ley dijera. Además, aseveraron que los casos estaban bajo jurisdicción militar y que sólo el Ejército sabía de la matanza que se estaba haciendo. Otra total mentira.
Por otro lado, el exsecretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez, junto al ex defensor oficial federal, Ricardo Haro, fueron absueltos de los cargos de «incumplimiento de deberes de funcionario público». Esto es una locura: Otero Álvarez es el que más víctimas tenía, con 72 casos, incluyendo la privación ilegítima de la libertad y tortura de Mitin Baronetto, el homicidio de su esposa Marta González, la privación ilegítima de la libertad de Vaca Narvaja y el homicidio de José Ángel Pucheta. Todos esos casos quedaron impunes. En la época el Código de Procedimiento decía que un secretario penal que, estando en funciones, se entere de algún delito, tenía la obligación de denunciarlo. Para colmo de males, la mayoría de los sobrevivientes habían reconocido al secretario que les había tomado las indagatorias y se había enterado que habían sido torturados. De todas formas, ahora, nosotros tenemos posibilidades de una casación.
Desde la querella, pedimos que en el alegato que se hiciera alguna mención a las víctimas porque la verdad, memoria y justicia no implican solamente una reparación penal o un resarcimiento económico: también significa que quienes sufrieron la dictadura se sientan reconocidas en cuál fue la falta por parte del Estado. Y no nos hicieron lugar. La gente salió muy desesperada y muy mal, incluso varios insultaron a los jueces: imagínense, han estado más de 40 años esperando esto.
Como la corporación de médicos y abogados, también existe la de los jueces. Entonces, es muy difícil que entre pares se juzguen. También jugó en contra el tipo de imputaciones: para nosotros había participación y complicidad necesaria, pero no pudimos acusarlos de eso por una cuestión procesal.
Existe una línea de continuidad con la actualidad: acá en Córdoba, existen casos de torturas en comisarías. Yo he llevado varios casos de gatillo fácil y los expedientes se cajonean, y si algún empleado es expeditivo, vas un día y no está más: lo cambian de lugar. Y si la familia no se constituye como querellante, no pasa nada.
Es que la justicia siempre responde al contexto político, amoldándose al poder, por lo que no es imparcial ni independiente: eso no existe, pero igual tenemos que tratar de ponerle un freno.
