El empresario Darío Amín fue condenado a 22 años de prisión por el tribunal integrado por la Jueza Wendy Kassar, y los jueces Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, acusado de los delitos de «homicidio agravado» en el caso de Javier Chocobar, autoridad de la comunidad diaguita Los Chuschagasta, y de «tentativa de homicidio» en los casos de Emilio y Andrés Mamaní, otros dos miembros de la comunidad, quienes resultaron heridos en el ataque.
En el juicio que transcurrió desde fines del mes de agosto hasta el 24 de octubre pasado, también fueron condenados dos ex policías: Luis Gómez y Eduardo Valdivieso, que recibieron 18 y 10 años de prisión. Ambos acusados de ser partícipes del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación de armas.
“Podría decir que estoy feliz ,¿no? Si bien nosotros habíamos pedido perpetua, estamos conformes con la sentencia porque es una pena alta que a nosotros nos deja un poco más tranquilos. De aquí en adelante vamos a poder volver a concentrarnos en desarrollar nuestras actividades y trabajar el territorio como lo veníamos haciendo producto del aprendizaje de nuestros ancestros”, expresó emocionado Audolio Chocobar, autoridad de la comunidad e hijo de Javier.
Javier Chocobar fue asesinado el 12 de octubre de 2009, “día de la Diversidad Cultural”, aniversario del fatídico desembarco de la Corona española en América, al recibir un proyectil de arma de fuego mientras defendía su comunidad en El Chorro, localidad de Trancas. Los Chuschagasta vienen defendiendo ese territorio ancestral hace más de diez años en una disputa con el terrateniente Darío Luis Amín y su socio Luis Humberto Gómez, policía retirado vinculado al comando parapolicial “Atila” del Malevo Ferreyra. Aquel día, Amín y Gómez se presentaron de forma amenazante en la comunidad junto a Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi, también agente retirado de la policía de Tucumán, reclamando la propiedad de las tierras, que para ellos posee valor por la cantera de piedra laja que se encuentra en el territorio. Estos señores, de actitudes colonizantes, abrieron fuego contra los integrantes de la comunidad, provocándole herida de muerte a Javier e hiriendo a otros tres hombres.
«La sentencia ha sido muy buena, especialmente teniendo en cuenta que la fiscal había pedido menos años. El tribunal valoró todo lo que hemos pedido. Aunque en los rubros indemnizatorios, los montos son más bajos de los que nosotros hemos pedido, lo bueno es que existe el reconocimiento. Yo creo que la comunidad hoy puede descansar”. Julia Albarracín, una de las abogadas representante de la Acción Civil.
Al parecer, 526 años después “la civilización” sigue avanzando y los hermanos originarios, arrinconados, están hartos de ser vistos como usurpadores de su propio territorio. ¡La Pachamama no entiende de propiedad!
