* Por Guilherme Boulos, referente del MTST y ex candidato a presidente de Brasil por el PSOL.
En sólo un mes de gobierno, Jair Bolsonaro anunció muchísimos retrocesos, algunos más graves que otros como el ataque a los pueblos indígenas, subordinando los asuntos de las tierras a un Ministerio de Agricultura manejado por el agronegocio. O la firma de un decreto para facilitar la tenencia de armas, profundizando una lógica de violencia y de muerte. O la decisión de acabar con ministerios, entre ellos el de Trabajo y el de la Ciudad, responsable de políticas públicas imprescindibles para garantizar derechos. Sin ir más lejos, hace unas horas el Ministro de Educación dijo que la “universidad para todos” no existe, ya que “debe ser para una elite”. Ellos toman los prejuicios de las elites brasileñas como políticas de Estado y trabajan desde una perspectiva privatista.
En menos de treinta días, procesos autoritarios y violentos fueron creciendo en la sociedad, que requieren la atención internacional si queremos evitar un endurecimiento mayor del régimen y de la represión. Es muy preocupante la situación de la democracia en Brasil, que hoy está pendiendo de un hilo. Ahora, la nueva víctima de esto ha sido Jean Wyllys, un parlamentario del PSOL electo legítimamente por el pueblo, quien fue obligado a dejar su mandato y el país tras sufrir fuertes amenazas contra su vida y su familia.
Es lamentable que el Estado estimule este tipo de acciones contra la oposición, contra un sector entero de la sociedad y contra Wyllys, en este caso, que sufrió doblemente por ser un político de izquierda y miembro de la comunidad LGBT. Hoy, ser gay en el Brasil de Bolsonaro significa ser perseguido y hasta asesinado, pues a partir del discurso de odio del Presidente se ha desatado la ola discriminación. Como resultado, hoy todo el movimiento social y de izquierda está amenazado, mientras el Gobierno busca imponer otros temas de la agenda nacional para escapar de la red de corrupción descubierta en la familia presidencial, con movimientos de dinero comprobados por parte de su hijo Flavio, senador electo, además del indicio muy fuerte del involucramiento, con dinero de por medio, de la familia Bolsonaro en la milicia de Río de Janeiro, la misma que asesinó a Marielle Franco un año atrás.
Tenemos un gobierno que reúne las peores características. En términos económicos es ultra neoliberal, sacando derechos y cortando inversiones sociales. En términos políticos es sumamente autoritario, intolerante con la diversidad y con las perspectivas de oposición. En términos morales, es un gobierno conservador que ataca a las minorías, a las negras y negros, en fin, que avasalla a una parte importante del pueblo brasilero. Y en términos internacionales, corremos el riesgo de tornarnos simplemente una extensión de la política del Departamento de Estado de EEUU.
Mientras tanto, seguimos recuperándonos de la rotura de diques en Mina Gerais que causó hasta el momento 65 muertes y 279 desaparecidos con pocas posibilidades de encontrarlos con vida. Lo que pasó no fue un accidente, fue un crimen, una tragedia anunciada. Algo similar ya había ocurrido tres años antes y se le mantuvieron las licencias a la empresa Vale.
Mientras peleamos por su reestatización por este caso particular, desde las organizaciones sociales y partidos progresistas resistimos a esta inhumanidad estatal, creando observatorios para las denuncias contra todos los sectores sociales más vulnerables que sufren cada día la opresión.
No nos vamos a rendir.
Vamos a luchar y a resistir,
para que Brasil vuelva a sonreír.
