* Por Cecilia Ousset y José Gijena,
tocoginecólogos que implementaron la ILE a Lucía.
Un grupo de médicos y abogados de Tucumán nos denunció por haberle practicado la Interrupción Legal del Embarazo a Lucía, niña de 11 años violada y embarazada por el novio de su abuela y que esperaba hacía muchos días una solución. Sí, nos denunciaron como si hubiéramos cometido un delito, cuando únicamente cumplimos con lo que exige la ley.
La intervención está contemplada en el artículo 86 del Código Penal y es legal desde 1921. Fue el viceministro de Salud de Tucumán, Gustavo Vigliocco, quien nos indicó que el gobernador de la provincia, Juan Luis Manzur, había decidido, tras una orden judicial, avanzar con la interrupción del embarazo, exigida por Lucía y su mamá. Nosotros, que trabajamos en el ámbito privado, fuimos convocados para cumplir una responsabilidad estatal. Evaluamos las condiciones de salud psíquica y física de la niña, y la única alternativa era realizarle una microcesárea. Cuando le detallamos cómo sería el procedimiento, no lo dudó y fue al baño a prepararse, mientras el personal del quirófano se quedó a filmar, pero no a ayudar.
El viernes pasado, el Hospital Eva Perón informó que la recién nacida, de apenas 600 gramos, había fallecido adentro del servicio. Y cuatro días después se nos radicó esta denuncia por homicidio culposo, evidenciando que somos la excusa perfecta para llevar adelante una campaña del miedo que quieren instalar en médicos y médicas.
No se detengan en nosotros dos, analicen lo que realmente pasa en Tucumán: vivimos por fuera del Estado de Derecho en una provincia que no adhiere ni implementa las leyes de Educación Sexual y Reproductiva. Esto no es para nada menor, pues garantizarían la información y la contención de la población. Y, sobre todo, evitaría que existan casos como el de Lucía. Hoy, cientos de niñas viven en condiciones vulnerables, desamparadas por ese mismo Estado que sólo brilla en campaña y se ausenta en derechos.
Como muestra de esto, hace algunas horas nos llamó la ministra de Salud provincial, Rossana Chahla, para ofrecernos ayuda. Le dijimos que sólo buscamos que digan la verdad, que la medida fue legal y la orden de llevar a cabo la interrupción fue suya. Su respuesta fue pedir que “bajáramos el perfil, que no hablemos tanto en los medios”.
Y entonces acá estamos, gritando que así como no toleraremos que haya más Lucías embarazadas, no vamos a callarnos ante un Estado irresponsable.
Son niñas, no madres.
