David Agustín Maril tiene 19 años, es de la localidad bonaerense de Burzaco y desde julio de 2019 estaba de viaje por Chile. Cuando el pueblo despertó, él acompañó el reclamo como tantas personas que nos prendimos a la ilusión que generó abrir los ojos después de 30 años de neoliberalismo negacionista y 16 de dictadura. El 23 de enero, después de una movilización, se sentó a comer en un puesto de primeros auxilios; llegó Carabineros y se lo llevó. Ángel, su único hermano varón, cuenta que “está imputado por desorden público y acusado de haber lanzado bombas molotov, aunque no hay ninguna prueba. En su control de detención tuvo una abogada que la cambiaron por otro que puso el Estado chileno; debería haberlo entrevistado el lunes pasado, pero aún no fue y nos sigue pateando. Lo único que sabemos es lo escrito en la causa de imputación, ya que no contamos con recursos para contratar un abogado acá”.

Agustín es el sexto hijo de ocho. Se encuentra preso en el módulo 14 de Santiago 1, donde está colapsado de personas detenidas en los distintos días de revuelta. La Coordinadora 18 de Octubre fue quien difundió esta situación, aunque la familia se enteró por mensajes que le fueron llegando. Su madre y dos hermanas viajaron de urgencia junto con Ángel, que lamenta el sufrimiento de su hermano: “Está muy triste; llegó como mochilero, completamente libre, y ahora está encerrado por algo que no hizo. Físicamente está entero, pero mal alimentado: le dan poca comida y de mala calidad; además, lo obligan a bañarse todos los días con agua fría. Los jueves de 14 a 17 es el horario de visita y le ponen la comida dentro de ese horario; debe elegir si quedarse más tiempo con la familia o comer”.

Pidieron asesoramiento en el consulado argentino, pero les contestaron que solamente pueden orientar con información, pero no es posible que se involucren en el aspecto judicial. Quienes más ayudaron para conocer el procedimiento en este caso son familiares de presos políticos, que ya superan los 2400 en todo Chile, y siguen sumándose a la lista porque las detenciones arbitrarias son constantes. “Agustín tiene 45 días de prisión preventiva, aunque hay chicos en la misma situación y llevan más de dos meses presos. El juez había dicho que mi hermano no cuenta con méritos necesarios para permanecer detenido y debería estar en libertad, pero la Fiscalía y el Ministerio del Interior, querellante, apelaron la decisión porque no tenía dirección de arraigo ni vigente la visa de turista”, explica Ángel, mientras reconoce que en este contexto político es una acción que se repite cotidianamente.

La familia conoce la inocencia del “Flaco” y exige que pueda llevar adelante este proceso en libertad, como corresponde y merece, para calmar tanto dolor.

“Es muy triste que se repita la historia de silenciar a una generación que está levantándose por un porvenir mejor”.