* Por Maximiliano Gómez, trabajador despedido de Molino Minetti Córdoba y delegado sindical de la UOMA.
Hace dos años y medio atravesamos sistemáticos retrasos en el cobro de sueldos. En agosto de 2019, cuando ya estábamos con esta problemática salarial, iniciamos una protesta pacífica dentro de la fábrica con 150 compañeros despedidos dos meses antes. Ayer tuvimos que tomar una decisión que fue muy difícil: levantamos la asamblea que veníamos sosteniendo en reclamo de nuestros puestos de trabajo. Lo hicimos debido a que un comunicado de la empresa expresó que “no reactivaría la fábrica mientras haya trabajadores dentro de la planta” y pensamos que es la mejor decisión.
Molino Minetti nunca pagó aportes ni contribuciones, por lo que no pudimos acceder a los beneficios de la obra social. Aún no pagaron el aguinaldo, ¡son 16 millones solo de deuda salarial! El total que debe la firma entre entidades públicas y privadas es de 4.135 millones de pesos, una suma altísima que se presentó como pasivo de la firma para declararla en quiebra, aunque no lo consiguieron. La empresa se encuentra en condiciones para funcionar: podría elaborar 820 toneladas de harina por día. En un país donde hay hambre y emergencia alimentaria, hay 10.000 toneladas de trigo para producir en esta fábrica y el gobierno de Juan Schiaretti no toma postura, aún cuando la situación llegó al Ministerio de Trabajo. Hay harina empaquetada que equivale a 14 millones de pesos; es muy violento ver esa cantidad acumulada en un galpón, mientras hay tantas panzas vacías.
Esto es responsabilidad del gobierno provincial de Córdoba y de los dueños de la fábrica, que silenciaron el conflicto a través de un blindaje mediático, judicial y gubernamental. Agradecemos a quienes nos acompañan, especialmente a la Comisión de Mujeres, que fue fundamental desde su creación en 2005 hasta hoy, ya que trabajaron para visibilizar el conflicto, formaron parte de la organización de marchas y nos apoyaron en todo momento porque también saben que nuestro reclamo es justo. Queremos que reincorporen a los 150 trabajadores, que se pague la deuda salarial y que esta planta vuelva a producir.
Después de dos intentos de desalojo, vivimos con la tensión de estar bajo un régimen de militarización de la planta: cuenta con un patrullero dentro y personal policial armado que vigila la entrada y la salida. Nosotros nunca hicimos una toma u ocupación, siempre protestamos pacíficamente con portones abiertos. La situación desgasta, pero tenemos la convicción de que estamos combatiendo la injusticia.
