* Por Anabel Otarola, vecina del barrio El Sifón, San Miguel de Tucumán.
Con mi familia llegamos hace 14 años a las calles San Miguel y Perú. En ese momento la casa estaba completamente abandonada y muy deteriorada, la arreglamos mucho para vivir acá. Yo trabajo como empleada doméstica y vivía ahí junto con mi nuera de 19 años; mis dos hijos de 13 y 8, y mi nietita de 3. Apenas hace cinco años atrás comenzaron a construir un complejo deportivo y para el 6 de junio de este año, el Gobierno de la Provincia de Tucumán le cedió el predio a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), que hace más de tres meses construyó paredones y nos dejó adentro de ellos. Todo fue empeorando hasta que la semana pasada pusieron un portón que nos impedía salir.
A las 7 de la mañana del viernes pasado sentí un golpe muy fuerte en la puerta y salí a ver qué ocurría. Estaban muchas personas afuera y cuando les pedí que pararan de golpear la puerta de esa manera, porque los chicos estaban durmiendo, me agarraron de los pelos y me sacaron de la casa. ¡Ni siquiera pude buscar a mis hijos! Había siete personas encapuchadas, sin identificación ni uniforme y decían ser de la Brigada. Sólo reconocí al oficial Romano. También estaba la abogada del gremio, Cristina Robles, que hace dos meses nos visitó prometiéndonos una vivienda, pero durante el desalojo me gritaba “usurpadora”.
Mientras me tiraban al piso a la fuerza pude ver que tenían lista la máquina para derribar mi casa. Me tenían esposada boca abajo, como si hubiera cometido algún delito. Les pedí que frenaran porque los chicos estaban durmiendo adentro… Sólo me dijeron que me callara y que saquemos todo porque iban a llevarse puesta cualquier cosa. Mi hijo de 13 años pudo salir corriendo para avisarle a su tío y gracias a eso se acercaron mis vecinos para pedir que detuvieran la máquina. Si nadie hubiera venido, seguramente habrían tirado todo y yo tendría a mis hijos hospitalizados ¡o los estaría velando!
Estaban sin orden de desalojo, sin ningún tipo de documentación y su única justificación era que lo ordenaba Reneé Ramírez, el legislador de la provincia y referente del gremio ATSA. Él mismo ya nos venía amenazando y diciendo que “era dueño del lugar y si quería nos podía dejar en la calle”. Cuando se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaban haciendo, empezaron a discutir entre ellos. Mientras, los vecinos pedían que me soltaran, pero les dijeron que “habían perdido la llave”. Cuando me soltaron, fuimos a hacer la denuncia en la Comisaría Sexta, vinieron a mi casa a hacer la pericia y la causa quedó radicada en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos Nº 1, pero hasta ahora no nos llamó nadie. Después nos fuimos a la casa de mi suegra porque teníamos mucho miedo. Perdimos todo, desde nuestras camas y nuestra ropa, hasta las cosas de los niños.
Me manipularon y se aprovecharon de que no sé leer ni escribir; la abogada Robles me hizo firmar bajo presión un papel diciendo que yo dejaría la casa. Nadie del Gobierno, ni de ATSA vino a dar la cara, ni a pedir disculpas. La única asistencia hasta ahora es por parte de las organizaciones sociales, como ustedes, que desde un primer momento se solidarizaron y me están apoyando. Yo sólo quiero que cumplan con lo que dijeron y nos aseguren un techo para vivir dignamente.
