Ni botones antipánico ni alertas silenciosas, pareciera que a la Justicia tucumana nada le hace ruido, nada la activa, porque las 13 veces que Paola Estefanía Tacacho gritó con fuerza para resguardar su vida, no escucharon nada. La abandonaron. El viernes pasado, el centro de San Miguel de Tucumán se tiñó de bronca, ira y desesperación: la asesinaron en plena calle, cuando volvía a su casa. ¿Es culpa de su ropa? ¿Un crimen pasional? Nada de eso: se llama patriarcado.
Tenía 32 años y los últimos 5 vivió en una pesadilla constante. En 2015 activó la primera alerta, que fue ignorada, porque sufría amenazas, acosos y agresiones por parte de Mauricio Gilberto Parada Parejas, un alumno suyo de cuando era docente de inglés en un instituto terciario. La Justicia desestimó las advertencias por “falta de pruebas”, perpetuando el silencio para patear la causa, poniendo de excusa que “era un dispendio de recursos innecesarios”. El Juzgado de Instrucción III en San Miguel de Tucumán, a cargo del juez Francisco Pisa, dejó a Paola librada a su suerte y sobreseyó a su acosador. La abandonaron y Mauricio Parejas cumplió sus amenazas; así lo denuncia entre lágrimas Nilda María Cerca, prima de Pao y con quien se crió: “El abandono que sufrió es aberrante, vergonzoso, lamentable y repudiable. Le dieron la espalda y la dejaron sola: nunca hicieron cumplir las restricciones ni las perimetrales. Ella hacía denuncias una y otra vez para advertir lo que pasaba y ellos las desestimaban. Hasta negaron su elevación a juicio”. Todas las alarmas que encendió, fueron enviadas a un cajón. Ella también.
Como si no bastara, el femicida acosaba a sus familiares, que de igual forma lo denunciaron, pero una vez más la Justicia hizo caso omiso. Esa preocupación interminable que padecía Paola, también encendía los botones de pánico del resto de su familia, como cuenta Nilda: “Todos fuimos acosados en las redes sociales por él. Se creaba cuentas de Facebook con identidades falsas y nos mandaba mensajes. Cuando ella tenía las redes sociales públicas, él averiguó quiénes éramos la familia y los amigos, y nos empezó a amenazar”. Nada es casualidad, ni los 17 femicidios en la provincia en lo que va del 2020, que ya supera a la cantidad de víctimas del año pasado, ni que Tucumán sea la segunda provincia con la tasa de femicidios más alta cada 100 mil habitantes.
En la provincia tardaron dos años en adherir a la Ley Micaela y encima de tarde, lo hicieron a su manera: diferenciándose de lo dispuesto por la ley nacional, en vez de ser el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, su máxima autoridad, la aplicación quedó a disposición de cada poder del Estado provincial. ¿Y ahora qué? “Todas seguiremos gritando para que se remueva de la causa al fiscal Carlos Sale. Desde el Poder Judicial nadie se puso a disposición nunca, ni llamaron; y tampoco ofrecieron ningún tipo de ayuda. Desprotegieron a Paola y lo siguen haciendo”.
