No alcanzaba con la incertidumbre del día a día, ni con los constantes desafíos de la autogestión, tampoco era suficiente con la hostilidad del espacio público; para el intendente de La Plata, Julio Garro, podía sumarse una herramienta más de exclusión: el visto bueno para que las Fuerzas de Seguridad imposibiliten su trabajo y callen los reclamos.
Hace dos años se presentó por primera vez en la capital bonaerense el proyecto de Ley de “Código de Convivencia Ciudadana” y ahora lo volvemos a rechazar en un nuevo debate, porque con la excusa de “preservar el espacio público como lugar de buena convivencia” busca criminalizar la protesta social y perseguirnos a los trabajadores de la economía popular. A través de 359 artículos solo repite los históricos y arbitrarios edictos que pretendieron darle entidad jurídica a los abusos de las Fuerzas, como el 219 que sanciona con multa a quien venda de manera ambulante en el espacio público e incluso les decomisan toda la mercadería.
Puros disparates que a nadie le hacen gracia, porque aún en plena crisis económica y sanitaria, la mira apunta a los más vulnerados, criminalizando la pobreza con prácticas a las que hace mucho tiempo les dijimos Nunca Más. Angel Ibáñez, del Movimiento Nacional SURGE, alza su grito para explicar la gravedad de esta medida en un centro urbano en el que el 40% de la población activa trabaja por fuera del proceso productivo formal: “Garro ya lo quiso hacer en 2018, cuando expresamos nuestro masivo rechazo a la iniciativa, tal como lo hacemos ahora. Él busca privatizar el espacio público y el acceso a la cultura, criminalizando a los sectores más precarizados y empobrecidos de nuestra ciudad”.
Cheikh Gueye es vendedor ambulante y referente de la comunidad senegalesa y alerta sobre los ataques constantes que sufren por parte del gobierno local: “La discriminación y el hostigamoniento de la Municipalidad de La Plata es constante. Además de decomisar nuestra mercadería, nos estigmatiza con frases y actitudes xenófobas y racistas”. Mientras replica las medidas contra manteros y trabajadores callejeros adoptadas en la Ciudad de Buenos Aires, a este proyecto se le suma la creación de la Guardia Urbana de Prevención, un grupo civil que se agrega a la policía local y a los agentes de tránsito, en una provincia en la que la violencia policial genera espanto. El colectivo “NO al Código de Convivencia” demuestra las denuncias por abusos policiales que se vienen haciendo y remarcan que, en caso de aprobarse el proyecto en el Concejo Deliberante, los casos aumentarían un montón.
Por las trabajadoras y trabajadores informales y los derechos humanos fundamentales,
reafirmamos que la convivencia no son las represiones policiales.
