Medio siglo luchando incansablemente y trabajando para asegurarle a la comunidad de Carlos Paz, en Córdoba, los derechos más básicos, cinco décadas dedicadas a la mancomunión vecinal, 12 años de hostigamiento. A la Cooperativa Integral Regional de Servicios Públicos, más conocida como “la Coopi”, la Municipalidad quiere quitarle la concesión del servicio de agua para toda la población. En lugar de fomentar el trabajo social que realizan, les dieron como plazo hasta el 26 de febrero para transferir la prestación. Esta cooperativa lleva más de 50 años de pie, pero el Estado provincial ahora pone en jaque más de 400 puestos de trabajo, sin aclarar cómo seguirán prestando servicio a las más de 110 mil personas que abastecen.
En 1950 se creó esta propuesta vecinal para darle una solución a quienes vivían en la zona, instalando las redes hídricas y cloacales. En 1986 una asamblea popular decidió que pasara a manos de sus trabajadores. Con la fuerza de la autogestión llegaron hasta donde están hoy, con voces como la de José Hipólito, responsable del servicio de agua en la Coopi: “Poder brindar el servicio es una cuestión de salud pública, sobre todo por la necesidad que existe hoy en pandemia. Nuestra cooperativa está conformada por ciudadanas y ciudadanos de la región, que tenemos conciencia de lo que viven las clases más postergadas; todo esto le da una impronta colectiva a nuestro proyecto para que la mayor cantidad de gente pueda recibir servicios básicos de calidad”.
Conducido por la comunidad, no paró de crecer, asegurando también servicios de telecomunicaciones, y sistemas cloacales que van de la mano con las obras hídricas, la instalación de un banco de sangre, la construcción de un centro educativo de nivel primario y otro secundario con actividades culturales. Todos estos derechos hoy peligran debido a la decisión arbitraria de la Municipalidad, en connivencia con la Justicia provincial.
¡Acá no se rinde nadie! Y así lo cuenta Roque Merlos, a cargo del servicio de telecomunicaciones: «Fundamentalmente nos preocupa la gente, porque no sabemos si le sostendrán el servicio de la manera adecuada. Hicimos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero desde la Municipalidad nos siguen intimidando».
¡Basta de persecución que estamos laburando!
