Adentrándonos en el noreste cordobés, existe una zona rural que le hace honor a su nombre: Las Maravillas. Ahí, en ese paraje ubicado dentro del departamento Río Seco, hay una casita rodeada de una luminosidad potente. En el medio del monte nativo, el camino seco de tierra castaña lleva al hogar de Ramona Orellano de Bustamante, que nació, y vive allí, criando animales para subsistir, ¡desde 1926!.
Con la historia familiar cargada en sus ojos, y con todo el paisaje del campo que le pertenece por derecho, Ramona, con 94 años de edad, junto a su hijo Orlando Bustamante, hoy padecen un conflicto que trasciende los límites de la tierra: su campo, su vivienda de toda la vida, hoy peligra. Y es que el negocio de la soja perjudica día a día nuestro bosque nativo y no deja vivir en paz a quienes lo habitan.
En 1988, la madrastra de Ramona vendió el terreno de 236 hectáreas del campo familiar, sin que Ramona lo supiera, a los hermanos Edgardo Héctor y Juan Carlos Scaramuzza, empresarios dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo, una ciudad ubicada en el centro de la provincia. Al no tener conocimiento de esta venta, Ramona permaneció en el campo donde nació, dedicándose al trabajo rural y a la crianza de sus hijos. En el año 1993, los empresarios la estafaron: le dijeron que firmara ciertos papeles y así se quedaría con el campo. Atravesado por la angustia del fraude, Orlando cuenta que los papeles decían lo contrario, ya que era un Convenio de Desocupación: «A mi mamá le hicieron firmar tres hojas, en una parte decía que Ramona viviría en esta tierra hasta el día de su muerte, y en otra parte decía que cedía el terreno. Se aprovecharon de ella, que apenas sabe leer pero no comprende textos de índole jurídica, ¿cómo puede ser que ningún juez se haya dado cuenta?». La realidad es que Ramona vive y trabaja en esas tierras hace más de 20 años y por lo tanto sigue siendo poseedora de 150 hectáreas aunque la Justicia no reconozca la estafa que sufrió.
El 30 diciembre de 2003, la policía llegó acompañando a las máquinas viales de los hermanos Scaramuzza para demoler el hogar donde vivían, mostrando una vez más el oscuro poder del agronegocio. Después de ese primer desalojo, Ramona y su hijo reconstruyeron parte de lo poco que quedó y se quedaron en el campo. El 23 de enero del 2004 los empresarios volvieron a desalojar la casa que habían construído dejándolos en la calle, pero eso no fue todo: hasta arrojaron escombros en el pozo de agua que utilizaban para consumo propio y para la crianza de sus animales. A pesar de esto, junto al Movimiento Campesino de Córdoba lograron, de a poco, rearmar su hogar.
El 4 de marzo de este año, la jueza de Primera Instancia Civil y Comercial, Emma del Valle Mercado, volvió a ordenar el desalojo, con un plazo de 10 días hábiles. Desde entonces, Orlando y su mamá conviven con la sensación de que lo más cruel puede suceder en cualquier momento: «Hace un año y medio, la jueza me dijo, ‘Mientras yo tenga el caso, a ustedes no lo van a sacar’. Hoy siento que la ley existe únicamente para los ricos, no tenemos apoyo de la Justicia, ni tampoco ha venido ningún funcionario municipal. Solo vienen los policías, para ver si no estamos muertos».
Hasta hoy, familias campesinas como la de Ramona están desprotegidas, porque el agro-negocio causa daños irreversibles y no se implementan las pocas leyes de protección que hay. Mientras tanto, ella y su hijo resisten y dan la lucha junto a vecinas, vecinos y numerosas organizaciones sociales que hoy la acompañamos en su grito.
No queremos ni una topadora más: ¡Dejen a Ramona en paz!
