Quienes habitamos las barriadas soñamos con una vivienda digna desde que tenemos uso de razón; sin embargo, en Córdoba hace años hay olor a atropello inhumano, ¿no sienten? Afinen el olfato… Otra vez una empresa instalada en el medio de un barrio, y otra vez la contaminación deja daños irreparables.
El barrio Parque San Antonio, ubicado al sur de la Capital, comenzó a sentirse podrido en 1995, cuando Porta Hnos. S.A. decidió instalarse para fabricar licores y fraccionar alcohol. Desde entonces, el olor es insoportable: queda impregnado en el aire cuando la fábrica emana sus gases. En el año 2012, sin tener una evaluación como debería suceder de impacto ambiental, Porta Hnos. comenzó a producir bioetanol a base de maíz transgénico fermentado, liberando tóxicos que hasta hoy producen enfermedades en vecinas y vecinos, como asma, anomalías congénitas, cáncer u otros daños. Silvia Cruz, vecina histórica del barrio, padece esta dura realidad: “Con mi familia sufrimos la presencia de Porta en nuestra salud, literalmente. En el barrio seguimos sosteniendo que el ambiente es de todos y que el derecho al agua, al aire y a la vida es un derecho humano».
Frente a todas las adversidades, se palpita el temor a contraer alguna enfermedad y se respira el riesgo de explosión constantemente, ya que el etanol es una sustancia inflamable. Pero no hay miedo que tape el espíritu de la lucha: hace ya 9 años se conformó la asamblea de Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro para defender la dignidad de un barrio entero. No es una novedad el hecho de que una fábrica tan perjudicial busque instalarse en la periferia de la ciudad, porque es donde el Estado no llega. Y sí, todo es posible por la desidia del gobierno provincial de Juan Schiaretti, que desoye cada uno de los reclamos. Aun así, gracias a la organización, hace un año y dos meses, el juez federal Hugo Vaca Narvaja admitió el carácter ilegal del establecimiento de la empresa en el lugar; el 23 de diciembre del año 2020, la Cámara de Apelaciones le ordenó a Porta que realice un estudio de impacto ambiental dentro de los 90 días hábiles posteriores; informe que aún no presentó a la Secretaría de Ambiente de Córdoba, quien determinará su sustentabilidad.
Si bien los fallos de la Justicia Federal significaron un logro en la pelea que la comunidad está dando, Rosa Vignolo, quien vive a 50 metros de la fábrica, sabe que el tiempo no hace más que consumir la vida de quienes hoy están en peligro, y por esto pide desesperadamente el cese de la producción: «Hemos agotado todas las instancias judiciales, por eso pedimos elevar el juicio a la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que ahí hagan valer nuestros derechos». Junto a sus compañeras que batallan en defensa del ambiente, el 11 de marzo fueron reconocidas con el premio «Berta Cáceres» que entrega el Congreso de la Nación debido a la lucha que llevan adelante. Ahora falta que se haga justicia, en defensa de nuestras vidas.
En medio de una pandemia, Porta continúa infectando el cuerpo de las personas que viven en las cercanías de la planta, aunque nunca sea noticia.
En San Antonio, la vida se acaba con la codicia.