¡En la calle! Ahí van a terminar. En esas esquinas que no son habitables, a la intemperie de la especulación inmobiliaria y con las puertas cerradas a los derechos esenciales. Ayer finalizó el Decreto 66/2021 que prorroga la prohibición de los desalojos durante la pandemia. ¿Qué van a hacer quienes no llegan a fin de mes? Ahí andan, buscando una salvación ante la imposibilidad de pagar una suma de alquiler, exigiendo una regulación al mercado inmobiliario por parte del Estado, para que no existan desalojos masivos.
Esta realidad se siente y pesa, como cuenta Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional: “Será una situación muy grave sin este decreto. Ya estamos en un momento complejo porque hubo desalojos desde que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció que no se extendería la medida. Sin embargo, desde hoy empezarán a llegar muchas cédulas judiciales de desalojo. Esto provocará una gran crisis habitacional y, por consiguiente, una crisis social”.
¿Y qué sigue después de un desalojo? ¿A dónde van a parar esas personas después? Con suerte, a algún alquiler alcanzado por el subsidio habitacional. Hoy, que las familias duerman debajo de un puente es moneda corriente, más de 7 mil personas sobreviven en situación de calle, sólo en CABA. Se necesita mucho más que la extensión del Decreto Nacional de Urgencia: se precisa de planes de vivienda y también de políticas públicas territoriales y urbanas que favorezcan a los sectores de menores ingresos.
Estamos en emergencia, y parte de esta realidad es la que intenta reflejar con su voz Gervasio: “Es casi imposible acceder a un alquiler porque las inmobiliarias establecen requisitos cada vez más excluyentes. Eso afecta también a los barrios populares, donde siempre ven la oportunidad para aumentar los precios o flexibilizar las condiciones de alquiler. Debemos estudiar seriamente cómo se alquila en las villas y crear oficinas de mediación que garanticen condiciones más dignas”.
Cada día que pasa, menos familias logran tener el recibo de trabajo formal como garantía, mientras aumentan los que no llegan a fin de mes. En todo el país, según la Federación de Inquilinos Nacional, hay casi una tercera parte de inquilinos que registra deudas en el pago del alquiler. Y como lo resaltan las encuestas del CELS y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios de la Universidad de San Martín, más del 65% de quienes alquilan en AMBA vio restringido sus ingresos en la pandemia y tuvo que endeudarse. Ocho de cada diez tomó deudas también para pagar gastos cotidianos y casi la mitad de los encuestados destinó una proporción cada vez mayor de sus ingresos a pagar el alquiler.
La desprotección es notoria en este mercado atroz; la desigualdad no para de crecer, como lo informó ayer el INDEC señalando que durante 2020 la pobreza alcanzó a más de 12 millones de argentinos. Esto es lo que más preocupa a Gervasio, porque se mezcla con la falta de políticas habitacionales: “Se decidió terminar con el decreto sin ninguna propuesta de contención y mucho menos una solución de fondo. Desde la Federación medimos alrededor de 300 mil hogares que presentan deudas de unos 5 meses de alquiler. Estas familias están en situación de ser desalojadas y además no tienen posibilidad de poder pagar otro alquiler”.
¿Qué harán los que se quedan sin techo, cuando no alcanza ni para comer?
