Pasaron más de 4 años desde el asesinato de Miguel Reyes Pérez en manos de la Policía tucumana y seguimos acompañando a su familia en el pedido por justica.
El 24 de diciembre del 2016, horas previas a lo que debería ser un festejo de Navidad, Miguel se encontraba a metros de su casa en el Barrio San Cayetano, cuando lo atacaron dos policías motorizados. Le pegaron un culatazo y un disparo de bala de goma en la cabeza, a menos de un metro de distancia. Mientras estaba en el suelo, lo golpearon y amenazaron a quienes se acercaban para intentar frenar tanta violencia. Los oficiales se preocuparon en pedir refuerzos, pero no en darle asistencia; fueron las propias vecinas y familiares quienes lo levantaron, lo llevaron a la parte trasera del patrullero y viajaron con él para garantizar que lo atiendan, con la esperanza de no perderlo. Estuvo 23 días internado, en coma, hasta que falleció el 16 de enero de 2017. Hoy, sus asesinos continúan en libertad.
No fue sólo ese 24 el que se manchó de sangre, porque Miguel anteriormente ya había sido perseguido y hostigado por la Policía. Lo habían torturado y amenazado de muerte en reiteradas ocasiones. Incluso le juraron a su madre, Ana Reales, que se lo entregarían en un cajón. Y así fue.
Después de su muerte, con el fin de acallarla, continuaron las amenazas hacia su familia. El pasado 24 de marzo, mientras gritábamos por Memoria, Verdad y Justicia, la policía detenía y agredía a su hermano Alejandro. A las 16:30hs él salió en moto a comprar al quiosco ubicado a cuatro cuadras de su casa y al regresar lo interceptó la policía motorizada. Lo tiraron al piso de una patada y uno de los oficiales se abalanzó sobre su cuerpo, apretándole el cuello con su rodilla. Ale no se resistió a la autoridad y tenía los papeles de la moto bajo el asiento. Al enterarse, Ana fue hasta el lugar y les pidió por favor que paren de golpearlo, que lo dejen respirar porque ya estaba morado por la asfixia. Les dijo que ya le habían matado a un hijo, con un miedo incontable de que le arrebataran a otro más, y uno de los oficiales le respondió que «por algo habrá sido». Alejandro estuvo más de 7 horas detenido hasta ser liberado.
En Tucumán la policía tiene vía libre para perseguir, amenazar y violentar a quien se le cruce, mientras el Gobierno provincial se mantiene en un silencio cómplice. Ante semejante escenario, la voz de Ana, firme y dulce, es un eco ensordecedor que se esparce con el poder de la organización que todas las madres de víctimas de gatillo fácil supieron construir: “Aunque quieran amedrentarnos dejándonos heridas que no cicatrizarán jamás, aunque nos humillen por ser pobres, nuestra fuerza y nuestra necesidad de encontrar justicia crecen, no nos vamos a callar”.
Mientras seguimos pensando que única solución posible ante tanta impunidad es el Control Popular a las Fuerzas de Seguridad, exigimos: ¡investigación a los oficiales que participaron en la detención de Alejandro y comienzo del juicio por el asesinato de Miguel Reyes Pérez!
