24 septiembre, 2021
, Marcha por el Clima

NO HAY JUSTICIA AMBIENTAL SIN JUSTICIA SOCIAL

Crisis climática

Hoy marchamos en el marco de la situación de emergencia climática que vive nuestro planeta. Ya no hay tiempo: la agenda ambiental no puede esperar. Y las poblaciones empobrecidas de los barrios populares somos las más afectadas por esta crisis climática que está a la vista. Por eso, traemos estos gritos desde la raíz, acompañando tantas luchas a lo largo del país.

“Los sectores postergados son los que menos contribuyeron históricamente a la crisis climática: el 1% más rico de la población mundial emite más gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. Esta marcha incorpora reivindicaciones de índole local, como la aprobación urgente de una Ley de Humedales, y también de orden regional, como la transferencia de recursos a países de ingresos bajos y medios, y el reconocimiento de la deuda ambiental como un factor central”, Mercedes Pombo, Jóvenes por el Clima.

“El año pasado fue trágico. Se quemaron más de 300 mil hectáreas en toda la zona de Sierras Chicas; este año, en comparación, viene siendo más tranquilo. Hay más de 30 o 40 brigadas para combatir incendios en formación en Córdoba. Esto es interesante en términos de la participación ciudadana, a pesar de la falta de apoyo por parte del Gobierno de la Provincia y de la Secretaría de Gestión de Riesgo”, Santiago Tarduchi, Brigada Chavascate.

“Promovemos la Ley de Envases para que exista un sistema de reciclado con inclusión social. Hoy no se llega a recuperar ni el 10% de los materiales, lo que provoca que colapsen los rellenos sanitarios y proliferen los basurales a cielo abierto: hay más de 5 mil en todo el país”, Gonzalo Prestia, cartonero del MTE.

“La lucha contra la megaminería en Mendoza empezó hace más de 15 años, y nuestro principal logro fue la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Se sancionó en 2007, fue derogada en 2019 con la presión del lobby empresarial, y pocos días después, luego de la movilización más grande de la historia de Mendoza, logramos recuperarla. No hay justicia ambiental sin justicia social: el empobrecimiento de los territorios tiene que ver con el extractivismo”, María Teresa Cañas, Asamblea por el Agua de Mendoza.

“En el marco del modelo de producción actual, detrás de un plato de comida está toda la precarización que sufren las y los agricultores. Con la Ley de Etiquetado que se está debatiendo, damos un gran paso para saber qué consumimos. La soberanía alimentaria implica poder decidir cómo y cuándo producir, y hacerlo de forma agroecológica, cuidando el medio ambiente y la salud, con la posibilidad de llevar alimentos sanos y seguros a nuestra mesa”, Victoria Escobar, UTT.

“A mí me gusta decir socioambiental, y no sólo ambiental, porque la gente piensa que defendemos algo externo, cuando en realidad la justicia ambiental es justicia social. El lobby agropecuario tiene que ver con el avance de la frontera agrícola ganadera: tenemos el país rebalsado de soja transgénica envenenada y eso fue corriendo a las vacas”, Ivo Peruggino, Multisectorial de Humedales.

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