¿Es posible gozar de salud mental en un contexto de precariedad? ¿Cómo hacer para obtener un mínimo grado de estabilidad psíquica y emocional cuando todos los derechos son vulnerados? Esas son las incógnitas en nuestros barrios, signados por la violencia en zonas liberadas por las Fuerzas de Seguridad, por el hacinamiento, la falta de urbanización y el trabajo informal. Por eso, ponemos en la mesa los problemas que atraviesan nuestra cotidianidad, con datos recabados en barrios populares de todo el país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los países con menos de 23 profesionales de atención de salud por cada 10.000 habitantes, probablemente no alcancen las tasas de cobertura adecuadas para intervenciones clave de atención primaria de salud. En nuestras barriadas, la atención psicológica es casi inaccesible: en el barrio Yapeyú, en Córdoba, tenemos una sola psicóloga para 10 mil habitantes. El panorama está jodido también en CABA, aunque sea la ciudad con más profesionales de salud mental en el mundo, con un promedio de 1 cada 60; en la Villa 21-24 sólo contamos con 12 profesionales de la salud mental, ¡para más de 70 mil personas! Y aunque nos vayamos para el sur, y lleguemos al barrio Madres a la Lucha de Río Gallegos, la situación no mejora: no tenemos psicólogos ni psiquiatras, y debemos acudir al servicio de salud mental que queda a más de 40 cuadras; cuando hacen falta derivaciones, siempre somos los últimos en la fila.
El consumo problemático de sustancias no para de aumentar desde que comenzó la pandemia. Tristemente, muchas vecinas y vecinos no encuentran otra salida a la angustia, al desempleo y a la falta de políticas públicas que permita creer que hay un futuro mejor. Para cubrir el espacio que deja el Estado, proponemos alternativas desde la autogestión, como la cooperativa de panificación Timy del barrio Gaucho Rivero, en Paraná, que se sostiene entre seis jóvenes que estuvieron en situación de consumo. Sin embargo, la violencia está inmersa en la raíz del problema: uno de ellos tuvo una recaída hace dos semanas, y terminó baleado en el abdomen por otro pibe del barrio, de 15 años, que también consume.
Los suicidios son otra cara de la misma moneda. En el barrio Constitución, en San Rafael, Mendoza, cuatro adolescentes se suicidaron en una sola semana, pero no es nuevo: en el barrio Bosco II, en Santiago del Estero, durante 2020 se quitaron la vida seis adolescentes y hubo, al menos, 30 intentos de suicidio. Si la Ley Nacional de Prevención del Suicidio Nº 27.130, sancionada en 2015, no hubiera tenido que esperar seis años para ser reglamentada, quizás habrían existido otras herramientas para afrontar la situación y no estaríamos lamentado pérdidas irreparables.
Nuestras pibas y nuestros pibes tienen derecho a soñar y tener proyectos de vida. Por eso, necesitamos políticas públicas que pongan la salud mental en el centro de la escena, y reconozcan la situación de vulnerabilidad que representa vivir en una villa. Ya conquistamos la Ley de Salud Mental Nº 26.657, pero aún no tenemos centros de tratamiento gratuitos y accesibles en cada barrio, donde pueda afrontarse la salud mental desde un abordaje interdisciplinario. Es vital que existan medidas concretas que contemplen la salud de forma integral, orientadas a generar mejoras en la calidad de vida y trabajo.
Es urgente atender esta demanda,
y es necesario empezar por abajo.
