En el año 1997, el grupo IRSA, principal desarrollador inmobiliario del país, compró un predio de 70 hectáreas en la Costanera Sur por 50 millones de dólares. Un precio bajísimo para el espacio verde más grande de la ciudad que equivale a la extensión del barrio de San Telmo. Este predio estuvo en desuso los últimos 30 años, ya que no se pueden construir proyectos inmobiliarios porque, según el planeamiento de la Ciudad, está destinado a la creación de una ciudad deportiva que se encuentra cerrada y abandonada.
De acuerdo al artículo 8 de la Constitución porteña, «los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación». Sin embargo, este año, Horacio Rodríguez Larreta impulsó la firma de un convenio urbanístico que le permitiría a los compradores la construcción de decenas de torres de 145 metros de altura en 24 hectáreas, un shopping a cielo abierto, oficinas y locales comerciales. El GCBA y la Legislatura no realizaron la evaluación de impacto ambiental previa a la firma del convenio, como exige el Plan Urbano Ambiental, el Acuerdo de Escazú y la Constitución de la Ciudad.
Un informe del Instituto de Vivienda de la Ciudad develó que, en Puerto Madero, el 72% de las viviendas se encuentran ociosas, mientras que, en el barrio Rodrigo Bueno, a pocos metros del predio en cuestión, el proceso de urbanización dejó en espera de una solución habitacional a más de 130 familias, a la vez que aún quedan viviendas nuevas sin adjudicar.
Además de las familias que faltan mudar, en el barrio histórico todavía no se garantiza ningún servicio básico: ¡seguimos viviendo entre el hacinamiento y la informalidad! Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad promueve, en conjunto con constructoras y empresas, arreglos megamillonarios.
Necesitamos más respuestas habitacionales,
y menos negocios inmobiliarios.
