Una vez más, la Ley de Humedales corre peligro de perder estado parlamentario. La iniciativa que se presentó por tercera vez a fines del 2020 sigue cajoneada desde hace un año en el Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, y nuestros humedales continúan sin un marco regulatorio que asegure su protección y conservación. La situación es peor que años anteriores: ahora ni siquiera obtuvo media sanción para tratarse.
La ampliación de la frontera agrícola, el uso de agrotóxicos, la actividad minera y el desarrollo industrial e inmobiliario son algunas de las amenazas que se ciernen sobre los humedales, que albergan el 40% de la biodiversidad mundial, previenen inundaciones y absorben enormes cantidades de dióxido de carbono. Se estima que en los últimos 300 años desapareció el 87% de los humedales del planeta. “La ley plantea hacer un inventario para saber en qué zonas del país hay humedales, y a partir de ahí establecer dónde y de qué manera se puede producir, sin que se genere un impacto ambiental”, cuenta Mercedes Pombo, integrante de Jóvenes por el Clima.
“El año pasado se incendiaron más de un millón de hectáreas en todo el país; buena parte de esos incendios sucedieron en los humedales”, explica Mercedes y agrega: “Nuevamente, la Ley está siendo cajoneada por los lobbies inmobiliarios, agroindustriales y mineros. En todo el año no hubo mayores avances, a pesar de que juntamos más de medio millón de firmas el año pasado y del enorme consenso social que existe en torno a la necesidad de la ley. Parece que necesitamos que se incendie el país para impulsarla”.
El panorama es sombrío. “Sin una ley que proteja los humedales”, asegura Mercedes, “seguirán avanzando los megaemprendimientos inmobiliarios que desplazan la fauna y flora autóctona y provocan inundaciones para las poblaciones cercanas. Debatimos con diputados y legisladores; parecía haber un consenso para impulsar la ley, pero hay sectores del poder que, aunque nadie los vote, están presentes permanentemente en el ámbito parlamentario. Cuando una ley interfiere con sus intereses, siempre pasan estas cosas y terminan frenándose”.
Otra vez, como en 2013 y 2016, a menos que se trate en lo que queda de sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre, o se apruebe enviarlas a extraordinarias, los humedales tendrán que seguir esperando en los cajones de la Cámara de Diputados. La pregunta es hasta cuándo podrán aguantar
