15 diciembre, 2021
, DESALOJOS

LA CARA DEL DESPOJO: MISIÓN LA LOMA, AL BORDE DEL DESALOJO

El 16 de octubre pasado, el gobierno salteño anunció la construcción de una ruta entre las localidades de Orán y Embarcación, que incluye la edificación de un nuevo puente sobre el Río Bermejo. Los pueblos originarios de Misión La Loma denuncian que la obra arrasará con los montes que habitan y afectará a más de 3000 personas de los pueblos wichí, toba y guaraní. La comunidad jamás fue consultada: se enteró del proyecto de casualidad, a través de los medios de comunicación. “Todavía no tenemos ningún papel oficial: deciden por nosotros y no nos consultan”, denunció Mirco Neuenschwander, secretario de la Comunidad Wichí. Martín Plaza, abogado que acompaña a la comunidad, sostuvo que “se está violando el derecho a la consulta y la participación del pueblo indígena, garantizado por la Constitución Nacional. Claramente la postura del Estado provincial es no considerar a las comunidades indígenas como sujetos de derecho”.
En Misión La Loma viven más de 200 familias que trabajan haciendo artesanías y canastos, cortando leña y plantando huertas. “Nos sacan el monte del que subsistimos. No solamente nos quitan un territorio, sino una cultura y una forma de vida”, expresó Neuenschwander. Hace meses vienen denunciando talas indiscriminadas por parte de empresas madereras. Ahora, creen que parte de estas talas están vinculadas con este proyecto. La comunidad inició en 2015 el proceso que contempla la Ley N° 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que ordena el relevamiento de todas las comunidades originarias del país y, hasta tanto no finalice, suspende la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos que habiliten el desalojo de las tierras. Hoy hay aproximadamente 1000 comunidades en Argentina que no concluyeron el relevamiento: Misión La Loma es una de ellas. La ley fue prorrogada en noviembre a través de un decreto presidencial, pero las comunidades exigen que se haga a través del Congreso Nacional. Mientras tanto, siguen esperando una respuesta del gobierno provincial, con la incertidumbre de no saber qué pasará con la tierra que habitan desde hace casi 60 años.