Hoy #Corrientes está sufriendo la falta de políticas públicas frente a los incendios y la sensación de alarma es inevitable. El sábado 22 se desató un incendio en Santa Ana, localidad ubicada a 15 kilómetros de la capital, y, desde entonces, se está esparciendo por toda la provincia.
El gobierno provincial decretó la emergencia ígnea de manera tardía, dos semanas después de la declaración a nivel nacional, que ya había sido a destiempo. El fuego, que comenzó a mediados de enero, sigue avanzando en el marco de la falta de decisiones políticas transversales para prevenir incendios, como lo es el tratamiento de la #LeyDeHumedales. Este instrumento le da un marco legal a la protección del ecosistema, pero no está incluido en el temario de las Sesiones Extraordinarias y corre el riesgo de perder estado parlamentario.
«No hay una política concreta, específica ni coordinada por parte del gobierno provincial. No se sabe con qué presupuesto la Dirección de Recursos Forestales está afrontando esta quema: los mismos bomberos afirman que no tienen recursos, el equipamiento y los equipos de movilidad son muy viejos, y hasta llegan a un punto de tener que elegir apagar determinado incendio en vez de otro. Se quemaron pastizales, bosques nativos y bosques implantados de pino y eucaliptos; así como también la zona de humedales cerca del Parque Nacional Iberá. Necesitamos la conformación de un Comité de Emergencia en el cual se incorpore a las organizaciones ambientales, al sector público y privado, bomberos y a la sociedad civil toda, para delimitar acciones en conjunto, urgente», Nicolás Duarte, miembro de Correntinos contra el cambio climático.