Es necesario que la Ley de Humedales sea incluida dentro del temario de las sesiones extraordinarias que se dará a conocer el martes que viene, de lo contrario perderá estado parlamentario por tercera vez. Para la abogada especializada en Derecho Ambiental y directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Ana Di Pangracio, “no ha habido voluntad alguna de tratar el proyecto, a pesar de que fue parte de los spots de campaña en las últimas elecciones. Sigue haciendo mella la presión de los lobbies extractivistas, y nuestros representantes reaccionan más a ellos que a una demanda socioambiental de hace más de 10 años”. Para ella, una ley de este tipo es indispensable porque “hoy en día se puede avanzar sin más sobre los humedales: se los ve como tierras de descarte, a las que hay que darles otro uso”.

Un ejemplo de esto son los incendios, que vienen siendo una amenaza constante para los humedales. La semana pasada, el gobierno nacional declaró la emergencia ígnea en todo el país. Según Di Pangracio, esto fue innecesario, ya que la Ley 26.815 del Sistema Federal del Manejo del Fuego, sancionada en 2012, ya proponía la coordinación necesaria entre las autoridades nacionales y provinciales para atender los incendios. “A través de esta declaración dicen ‘tenemos que trabajar juntos’, pero se supone que eso ya tiene que estar pasando”, afirma, y agrega: “Seguimos corriendo detrás del fuego en lugar de prevenir, y, mientras tanto, ya no hay temporadas de incendios: hay quemas durante todo el año”.

Los responsables de los incendios son claros: “Más del 95% son intencionales, a los efectos de promover un cambio de uso del suelo para fines productivos, de tipo agroindustrial o inmobiliario”, aporta Di Pangracio. Para transformar esta situación, no alcanza con declaraciones bonitas: se necesita voluntad política y presupuesto: “En la práctica, el Ministerio de Ambiente sigue siendo una secretaría. La Ley de Bosques está totalmente desfinanciada: este año ha recibido sólo un 5% de lo que le hubiera correspondido. Las pocas políticas de Estado ambientales que existen han venido de la mano de la sociedad civil”.