Ayer por la noche, vecinas y vecinos de Choya, Andalgalá, fueron brutalmente reprimidos por la policía de la provincia de Catamarca.
Hace más de 25 días, la comunidad advirtió problemas en la cuenca del Río Choya, provocados por la explotación megaminera de Minera Agua Rica Andalgalá (MARA). Luego del ninguneo y la falta de respuestas del gobernador Raul Jalil, las familias tomaron la decisión colectiva de realizar un bloqueo selectivo de camiones como instancia de lucha. El agua de todo el pueblo está en juego. Pero el Estado respondió con balas, golpes y violencia: hubo heridos y aún hay una mujer, Karina Orquera, detenida en la comisaría local.
Rosa Farías, referente de la Asamblea El Algarrobo, exclama la necesidad urgente de cortar con tanta violencia: «Ayer, cuando era el momento de recambio de personal y de insumos para la minera, la policía llegó para reprimir a personas grandes, mujeres y niños. Los vecinos que fueron golpeados son los mismos que hace semanas subieron al cerro a caballo y descubrieron un derrame. Cuando lo vieron, se largaron a llorar, porque es el pueblo quien sufre las consecuencias. Los responsables de este daño son los socios capitalistas de la minera: el gobierno de la Nación, el gobierno de la provincia y la Universidad de Tucumán. Hoy estamos exigiendo la liberación de nuestra compañera, y que bajen las máquinas del cerro, ¡urgente!».
