Hace dos años, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos a manos del policía Derek Chauvin, que lo asfixió presionándole el cuello con la rodilla, desató el repudio internacional. El domingo 10 de julio, en La Falda, la policía cordobesa mató a Jonathan Romo, un hombre con problemas de salud mental y padre de tres niños, usando exactamente la misma maniobra.
Los videos que se difundieron después del asesinato no dejan lugar a dudas: Jonathan estaba sufriendo un ataque de pánico y no opuso ninguna resistencia. Aún así fue golpeado y ahogado por los policías. Los resultados de la autopsia indicaron que la muerte fue por «asfixia mecánica», y que su cuerpo presentaba «múltiples lesiones y golpes». Hernán Romo, su hermano, cuenta: “No se cumplió ningún tipo de protocolo, fue inhumano, lo trataron como a un perro. El comisario Bracamonte nos dijo que se había descompensado al llegar a la comisaría. Nunca nos avisaron nada, todo lo que supimos fue por la prensa. Imaginate, pensábamos que era una muerte natural, y de golpe nos enteramos que no, lo habían matado”.
Jonathan ya había sido víctima de la brutalidad policial el 18 de diciembre del año pasado, cuando sufrió una golpiza por parte de seis policías que le perforó los riñones y lo dejó internado. El hecho nunca fue investigado por la fiscal Paula Kelm y aún no se sabe quiénes fueron los efectivos que participaron allí. “Si nos hubieran tomado las denuncias, hoy tal vez estaría vivo”, lamenta Luis Galli, abogado de Jonathan.
Él estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico, no tenía comportamientos agresivos: “Trabajaba todo el día: pintaba, cortaba el pasto”, dice Hernán. Por el hecho fueron arrestados seis policías y se ordenó el pase a retiro de dos funcionarios de la Policía, Julio Faría y Marcos Manrique. Además, se apartó a Diego Bracamonte de la jefatura de la Departamental Punilla Norte, mientras se investiga qué sucedió. “Iremos hasta el fondo de la cuestión: haremos lo que haga falta para que esto no vuelva a pasar”, sintetiza su hermano.
