A dos días del natalicio de Marielle Franco, los organismos de derechos humanos de Brasil vuelven a levantar la bandera de lucha junto a familiares y denuncian fuertemente la violencia institucional en manos de la policía.
Otra vez, el brazo armado del gobernador de Rio de Janeiro mostró su cara más impune: el 21 de julio pasado, las Fuerzas de Seguridad asesinaron a 18 personas en la favela Complexo do Alemão, un territorio empobrecido en la zona norte de Río.
Ese jueves, cerca de 400 uniformados de la Policía Civil y Policía Militar iniciaron un operativo bajo el presunto objetivo de detener a bandas de crimen organizado. Durante 12 horas aterrorizaron a miles de personas con helicópteros y tanquetas, invadieron casas y las usaron como trinchera aumentando más aún el riesgo para las familias que seguían adentro.
El viernes, Solange Mendes da Silva, una mujer de 49 años, fue baleada cuando caminaba por la favela y se convirtió en la víctima número 19. Después de fusiles, ametralladoras, cuatro aviones y diez vehículos blindados, solo hubo terror en la favela: algunos vecinos agitaban trapos blancos pidiendo paz y otros, desesperados, pedían ayuda por las redes sociales.
Mientras el presidente brasileño Jair Bolsonaro felicitó a las fuerzas policiales por su accionar, Raull Santiago, vecino y activista, denuncia: «Cuando el gobierno y su policía deciden entrar con armas en territorios dominados por facciones criminales, ignoran que somos los vecinos los que estamos en medio, como blancos fáciles de todo este caos».
Ahora, en la favela, el miedo no deja de palpitar antes de cruzar la puerta. La violencia institucional tiene que tener fin.
