La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma que extiende hasta el 2028 la presencia de los militares en las calles, lo que generó el repudio de organismos de DDHH y familiares de víctimas de la violencia institucional.
Durante años, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la estrategia de la militarización, pero en el último tiempo cambió de opinión; ahora dijo estar “contento” con la medida para que “los militares sigan ayudando en las tareas de seguridad pública para garantizar la paz”.
Pero si hay algo que las fuerzas armadas mexicanas nunca hicieron fue garantizar la seguridad y la paz. Así lo demuestra la escalofriante cifra de 105.625 personas desparecidas desde marzo de 1964 a septiembre de 2022, con el caso emblemático de los 43 estudiantes de Ayotzinapa donde se comprobó la complicidad del Ejército (por cierto, esta semana detuvieron al primer militar de alto rango por ese hecho).
Desde 2006 y la supuesta “guerra contra el narco” impulsada por el presidente Felipe Calderón, todos los gobiernos mantuvieron a los militares en las calles, pero la criminalidad y la violencia no pararon de crecer. Tampoco las denuncias por violaciones a los derechos humanos contra las fuerzas de (in)seguridad.
Mientras el mandatario celebraba este viernes los 212 años de la Independencia mexicana encabezando un desfile militar, familiares de personas desaparecidas protestaban desplegando una manta gigantesca de 100 metros de largo en el monumento “la Estela de Luz” con una contundente leyenda-grito-reclamo: “16 años de impunidad militar”.
