Tras 14 meses de debate en la Convención Constitucional, el pueblo chileno rechazó la nueva Constitución, con más del 60% de los votos. El nuevo texto proponía reemplazar la Constitución de 1980, vigente desde la dictadura bajo el poder de Pinochet.
Jaime Bravo, economista y dirigente de Voluntad Popular, hace hincapié en las reformas sustanciales que recogía: «La nueva Constitución amplía los derechos sociales en Chile: aborda derechos como la salud, el trabajo, la educación, igualando la relación entre los privilegiados y los que no. Establece, además, el reconocimiento de los pueblos originarios, la defensa de los derechos de la mujer y las diversidades sexo-genéricas, y las personas con capacidades diferenciales. Y no sólo eso: desde el punto de vista económico, devuelve el control sobre los bienes nacionales y públicos al Estado, incluso el derecho al agua, implicado en los avances en la minería».
A pesar del resultado, el proceso de reforma sigue vigente. El presidente Gabriel Boric convocó a líderes de todo el arco político para seguir trabajando y construir una nueva propuesta que integre a la mayoría ciudadana, respetando el “Acuerdo por la Paz” firmado en noviembre de 2019 tras el estallido popular.
«En este país, la Constitución de Pinochet perdió legitimidad, por eso la necesidad de un nuevo documento que nos guíe. Estamos viviendo un proceso de cambio epocal que, como todo proceso, lleva sus negociaciones, tires y aflojes. Aun así, creo que se va a llegar a un acuerdo para una nueva», afirma Jaime con confianza.
Continuará, así, el gran esfuerzo de construcción democrática hasta que se logre reconocer los derechos de los sectores históricamente postergados.
