La Unidad Penal 11 de Baradero, Buenos Aires, es de régimen abierto por lo que debe tener características habitacionales que garanticen la privacidad y condiciones para potenciar la capacidad de inserción social. Pero esto no se cumple: cuatro internos fueron trasladados violentamente por denunciar esta situación y reclamar mejores condiciones de vida. Además una trabajadora fue amenazada por el director del penal por defenderlos.
La Comisión Provincial por la Memoria registró más de 45.000 denuncias por torturas y malos tratos en cárceles de Buenos Aires durante 2021. “Las torturas fueron abolidas, pero siguen existiendo”, reflexiona un interno de la Unidad Penal 11 de Baradero, y relata lo que vivió con sus compañeros: “Primero pedimos una bomba para que desagoten los pozos, que estaban desbordados, y el subdirector, Darío Rivadeneira, nos dijo que teníamos que comprarla nosotros. Teníamos que sacar la mierda con tápers, era desagradable. Después reclamamos por la comida, porque nos daban cuatro naranjas, algo de grasa, dos pedazos de carne y uno de pollo para once personas. A partir de que empezamos con los reclamos se generó un malestar de las autoridades. ‘Siempre son ustedes, los de la casita 8, los que reclaman’, nos decían Raúl García, el jefe del penal, y Elías Constantini, el subjefe. Se nos trataba como si estuviéramos en un régimen de máxima seguridad, con alambrados, guardias armados y requisas sorpresivas, todas cosas que están prohibidas. No es un hecho aislado: todas las unidades de régimen abierto de la provincia de Buenos Aires están militarizadas”.
“El 27 de julio nos vinieron a buscar intempestivamente para el traslado, de forma patotera. Nos patearon las cosas, nos apuntaron, nos cargaron todos a un camión y nos llevaron a un régimen de máxima seguridad en Junín, el 49. Nos desnudaron completamente y nos dejaron así durante veinte minutos, frente al personal de traslado. Fue un acto intimidatorio. No existe ningún delito en la unidad de régimen abierto que amerite el paso a un régimen cerrado: era una forma de disciplinarnos. Debería haber un comité de resolución de conflictos, pero eso jamás existió”.
Victoria, ex trabajadora social del penal: “Pregunté qué había pasado y me contestaron que eran internos politiqueros y que por eso los sacaban. Al otro día, Rivadeneira me mandó un meme en el que dos militares fusilaban a Homero Simpson ‘por zurdo’. Hice una denuncia en asuntos internos y en la Fiscalía 5 de Mercedes y me dieron una licencia por protección a la víctima. Luego me trasladaron a San Martín por protección. A la semana, una colega encontró un cuadro en el que estábamos las dos con los internos con mi figura cortada. A Rivadeneira lo sacaron del cargo pero lo mandaron a San Nicolás, donde vive su familia, es decir que lo beneficiaron. A García lo mandaron a Junín, y Constantini, que es el más señalado por los internos por maltratos y golpes, sigue en el cargo. Y las denuncias no avanzan”.
El interno comenta: “Necesitamos que se nos escuche. En las requisas hasta te roban la mercadería que te trae la familia. Y cuando uno denuncia estas cosas lo primero que hacen es trasladarte, entonces algunos no se animan a denunciar. Ya fuimos condenados: lo que queremos es no irnos resentidos, sino con herramientas para poder trabajar y estudiar. Y eso al servicio no le gusta. Las torturas fueron abolidas hace un montón de tiempo, pero hay torturas contemporáneas. La cárcel se ha convertido en un depósito de sujetos, y no hay manera de controlar lo que pasa adentro”.
La CPM, además, resaltó que hay una superpoblación y hacinamiento de un 111% en las cárceles de Buenos Aires. La violencia en contexto de encierro es una realidad: ¿acaso esto no es inseguridad?
