Larreta y su equipo continúan con el plan de persecución política, amedrentamiento y criminalización contra la comunidad educativa. 366 madres y padres de estudiantes secundarios de los colegios que estuvieron tomados fueron denunciados penalmente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera se da curso a denuncias por más de 50 millones de pesos por supuestos “costos” durante las tomas en las más de 10 escuelas a fines de septiembre.
Pablo es padre de un estudiante del Mariano Acosta y afirma que esta escuela “se caracteriza por una comunidad de familias que acompaña mucho los reclamos de les pibis y docentes. Cada uno va a presentar una defensa sobre las denuncias, en algunos casos con organizaciones de DDHH. Si realmente el gobierno pusiera esa plata por día en las escuelas estaríamos en otra Ciudad donde la educación no tendría ningún problema. Siempre es una respuesta represiva, patotera y tratando de generar miedo y desalentar la protesta y la organización. Es la política educativa que llevan adelante conscientemente”.
“Lo que estamos pidiendo hace años es que se genere una instancia de diálogo donde toda la comunidad educativa, con sus distintos sectores, pueda sentarse a debatir sobre los problemas de la educación pública. De este lado no tenemos solo reclamos, tenemos propuestas también pero no hay un ámbito donde se reciba. La escuela tiene muchas cosas para mejorar pero tiene que hacerse con la participación de toda la comunidad que es quien la sostiene. Nos usan como insumo de su campaña electoral y no lo piensan de otra manera, no hay un interés comprometido con la educación”.
Podrán denunciar a las familias de las y los estudiantes, amenazar con patrulleros en la puerta de las escuelas, cortar la luz adrede durante las tomas, golpear la puerta a la media noche de las casas para llevar contravenciones, pero jamás impedir la lucha de la comunidad. La educación pública no se vende, ¡se defiende!
