Lo que inició como una disputa por la fecha en la que se realizaría el próximo Censo de Bolivia, se convirtió en un Paro Cívico de Actividades. El mismo está encabezado por el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto a empresarios y agro-ganaderos afines de la región. La idea es volverse a empoderar contra el gobierno de Luis Arce.
A pesar de que se hicieron mesas técnicas en las que ocho gobernadores y el mandatario acordaron realizar el Censo en 2024, Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, informó que de no adelantarse para 2023 exigiría la renuncia del mandatario boliviano.
Lo que Camacho y los empresarios de derecha llaman Paro Cívico es una especie de “lock out” patronal orientado a presionar al gobierno de Luis Arce con diferentes medidas, como bloqueos de caminos. Así, dejan sin trabajo y changas a cientos de personas, particularmente a las familias de escasos recursos económicos. Esto deja ver un profundo discurso racista, anti indígena y separatista en Bolivia, que tiene como propósito golpear al gobierno de Arce.
Ante esta situación, distintos movimientos sociales e indígenas realizaron un Cabildo Abierto en el municipio de Yapacaní y llevan adelante algunas acciones contra las protestas de la derecha: el cercamiento a Santa Cruz de la Sierra con un bloqueo en la carretera que va hacia Cochabamba; y el proceso revocatorio contra Fernando Camacho, considerado como responsable de la convocatoria al paro indefinido y los bloqueos con perjuicios a la población.
La ejecutiva de la Federación de Gremiales de Santa Cruz, Aracely Villarroel, pidió al gobernador cruceño dar un paso al costado y levantar el paro indefinido.
El expresidente, Evo Morales, hizo un llamado al diálogo para evitar enfrentamientos entre las partes involucradas. Mientras tanto, las marchas indígenas en defensa de la democracia recibieron el respaldo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia.
