24 noviembre, 2022
, CORDOBA

MORIR ENTRE CUATRO PAREDES

Córdoba cuenta un promedio alto de muertes en cárceles, comisaría o bajo custodia. A finales de octubre, murieron cuatro personas en situación de encierro: dos en el Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María, una en Bouwer y otra en Villa Dolores.

Ezequiel, un joven de 21 años, fue detenido el 8 de junio de este año y seis días después falleció a causa de más de 25 golpes efectuados por la Policía de esa provincia. Sucedió después de que lo llevaran por un aparente brote psicótico al Centro Psicoasistencial (CPA). Lo dejaron sin tomar agua durante dos días.

«A mi hijo lo tuvieron en el móvil una hora, lo filmaron cuando le pegaban riéndose. Le hicieron transfusiones de sangre por la cantidad de golpes. A esta gente ¿quién carajo la controla?», grita Guillermo Castro, su papá.

Adriana Revol es una referente en el tema. Hace años elabora un registro a través de información de personas privadas de su libertad y de sus familiares: “En los últimos cinco años del gobierno de Schiaretti, hubo más de 65 muertes en cárceles”.

Las condiciones de hacinamiento para las personas en situación de encierro son deplorables: “Hay mujeres, hombres y disidencias, que no pueden salir al patio a jugar a la pelota, correr, hacer gimnasia o tomar sol: lo hacen una hora, cada dos semanas. Es muy poco el acceso que tienen en el área de educación o de trabajo, que es obligación para sumar puntos, pero no tienen un salario digno. Entonces, ¿eso no hace también a las ganas de vivir?».

Al respecto, de parte de los responsables políticos hay un completo silencio: Ministerio de Justicia y DDHH de Córdoba, Ministerio de Salud de Córdoba y el Gobierno de Córdoba.

Durante la pandemia se visibilizó la violación a los derechos humanos en muchos centros penitenciarios del país, pero nada cambió. Además, según Correpi, 7 de cada 10 muertes causadas por violencia institucional fueron provocadas en lugares de detención en el periodo 2020-2021.

Frente a este contexto, es urgente contar con registros fieles sobre la violencia institucional intramuros. Como así también, políticas públicas que aborden esta problemática con celeridad y contundencia.

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