Cada vez más provincias argentinas se ven afectadas por la sequía. El 51.4% del territorio argentino sufre de sequía, según el Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA). La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías señaló que en diciembre había 175 millones de hectáreas en riesgo, 10 millones más que el mes anterior, y destacó que el trienio 2020-2022 es el más seco de toda la historia argentina.
Los más perjudicados, además del ambiente, la flora y la fauna, somos los sectores empobrecidos. La poca cantidad de precipitaciones y las altas temperaturas traen como consecuencia bajantes extraordinarias en ríos, lagos y arroyos que provocan grandes mortandades de peces e impactan la economía de las y los pescadores. En tierra firme el panorama de las granjas y las huertas familiares no es más alentador: sin agua se nos mueren los animales y las cosechas son magras.
“En Corrientes, entre el 50 y el 60% de la provincia está siendo golpeada por la sequía, y tenemos un déficit hídrico importante. Varios pequeños productores que solo tienen tres o cuatro vacas nos dijeron ‘tuvimos que dejar nuestras vacas porque no tenemos agua, o beben ellas o bebemos nosotros’. Los efectos climáticos extremos están perjudicando a los sectores más vulnerables, pero la sociedad no lo ve. Se mira sólo los incendios o la sequía, y no lo que hay detrás”, dice Luis Martínez, militante ambiental de Corrientes.
Además de sufrir los efectos de la sequía, el desmonte para expandir la frontera agrícola y garantizar el monocultivo de soja, la enorme cantidad de incendios que se produjeron en los últimos años y las quemas en los humedales dificulta, año tras año, trabajar la tierra para vivir.
Necesitamos que los recursos que disponga el Estado para ayudar a los sectores afectados por la sequía se destinen a aquellos que estén más vulnerados. Y, para atacar el problema de fondo, exigimos políticas ambientales en serio que protejan nuestra tierra y nuestra agua.
