«En enero, 20 personas presas fueron torturadas, sometidas a golpizas con palos por policías de Infantería, de la patrulla motorizada y de la Comisaría de Yerba Buena, en Tucumán. Este caso deja ver que hay personas cumpliendo condenas a disposición de la policía a pesar que, en el 2005, la Corte Suprema de Justicia estableció que es algo que no puede pasar: para eso existen las cárceles».
Por Lucas Crisafulli, abogado y docente del Seminario de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Córdoba.
Cada vez que surgen estos casos, se piensa en la formación de las Fuerzas de Seguridad. Pero habría que repensar esa formación. Además de los programas de estudio, ¿quiénes son los docentes que dictan clases a los policías y al Servicio Penitenciario? Son ex-policías o ex-gendarmes. Entonces, es importante hablar del «currículum oculto»: eso que se enseña y que no está en los programas. ¿Qué sentido tiene explicar los derechos humanos cuando la formación es completamente militarizada, vertical, jerarquizada y antidemocrática? El agente que ejerce violencia obtiene prestigio frente a sus compañeros. El personal policial cree que, con el ejercicio de la violencia, está ejerciendo justicia. Eso es lo que hay que romper.
Se ve a las claras el fracaso absoluto de la regulación sobre la actividad profesional de los penitenciarios. Esto es evidente, por ejemplo, en el caso del penal N° 8, en La Plata, donde se suicidó una mujer después de que no fue asistida ni acompañada por el servicio de salud. Acá también hay que poner en la mesa lo que llaman el «incompleto profesional». Significa que si va a haber personal de salud en la cárcel, no puede pertenecer al Servicio Penitenciario, debe depender del Ministerio de Salud.
Hay que pensar en políticas públicas y definir cómo el Estado piensa controlar a sus Fuerzas de Seguridad, urgente.
