Por decreto y en cadena nacional, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, derogó la ley que censuraba el porte de armas de uso civil para la defensa personal, como parte de las medidas “para combatir la ola de inseguridad” que padece el país. Días antes, el Parlamento inició un juicio político contra el mandatario por malversación de fondos públicos.
Las nuevas medidas para combatir la inseguridad en Ecuador se dan tras el atentado con explosivos a un guardia de seguridad, el asesinato de dos directores de hospitales, ataques a entidades bancarias y el asesinato del empresario Rubén Cherres. Además, se declaró Estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena, zonas azotadas por el narcotráfico y la violencia.
Carmen Silvaña, vecina de La Comuna en Quito, dice sobre la actual situación del país: «Con la portación de armas la situación será un caos, habrá más homicidios, sobre todo en nuestros barrios. Estamos preocupados. Tengo miedo por mis hijos, en cualquier momento pueden darles una bala perdida».
Según la información proporcionada por la Policía Nacional, el año 2022 cerró como el más violento de la historia del Ecuador, con la tasa más alta de homicidios registrada. En el país se reportaron 4.603 muertes violentas, lo que significó una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes.
«La solución debería sacar las armas que ya se encuentran circulando. Por otro lado, la violencia se elimina invirtiendo en niños y jóvenes: necesitan talleres de educación, culturales y deportivos donde puedan sentirse contenidos. La pobreza y la falta de oportunidades provoca condiciones que llevan a la delincuencia. Por eso, se debe invertir en educación, en salud, en espacios que sean provechosos para su desarrollo».
