Jujuy es una prueba piloto de lo terrible. Por ello no es extraña la connivencia de una parte del PJ local con el Frente Cambia Jujuy para aprobar una reforma constitucional a espaldas del pueblo. Una fórmula que no podemos permitir que se replique en el resto de las provincias. El gobernador Gerardo Morales dice por todos los canales que esta modificación era «parte de la campaña», que no es una «reforma express», que es bastante «progresista». Pero las rutas, como a la altura de la Ruta 9 con la 56, no gritan lo mismo.
La Quiaca, Humahuaca, Abra Pampa, Juella, Tilcara, Purmamarca y San Salvador muestran una resistencia entre balas de goma, gases, secuestros, detenciones arbitrarias, allanamientos y un modus operandi solamente visto fuera del orden democrático.
«El lunes nos dimos cuenta que tres hombres se infiltraron. En sus bolsos tenían armas reglamentarias y ropa de Policía», nos dijeron en el cruce de Purmamarca. Una mujer, «autoconvocada”, comenzó a defender a los infiltrados y luego de este hecho se encontró, a pocos metros, con María Inés Zigarán, ministra de Ambiente de Jujuy. Junto a esta mujer, también infiltrada, amenazaron y ningunearon a los manifestantes bajo el grito de: «Son unos violentos. Lean la reforma, ¡la reforma nos protege!». Los manifestantes denunciaron que esta funcionaria de Morales los discriminó: «Leé esta parte a ver si entendés. ¿Qué sabés de la reforma vos, Kolla?», dijo.
Las comunidades no defienden solo el agua, no están ahí solo por sus territorios, no bancan la parada únicamente por el saqueo del litio. También luchan por las y los docentes que tienen una base salarial de $35 mil al mes, contra la criminalización de la protesta y por el equilibrio democrático de la provincia y toda la Argentina: «Estamos viendo un aparato represivo visible y un aparato represivo invisible. Están haciendo inteligencia a las bases populares, se infiltran acompañados por ministras como Zigarán, nos investigan. La reforma tiene que caer, todo esto tiene que darse vuelta».
