La crisis económica, social, política, ambiental y migratoria han convertido a Centroamérica en un polvorín.
Hoy en Panamá se logró que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato entre el gobierno y una empresa minera subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para operar la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica. Sin embargo Guatemala y El Salvador viven momentos muy complicados de su historia.
En Panamá, desde principios de año se viene gestando un conflicto ambientalista por la negociación mencionada antes. El nuevo contrato había sido aprobado por el Congreso en un trámite exprés el viernes 20 de octubre y esa misma noche el presidente promulgó la iniciativa, sin embargo hoy la Corte Suprema lo declaró inconstitucional.
José Guzmán, dirigente de la Alianza Pueblo Unido, dijo: “Ésta es una lucha por la patria, la soberanía y dignidad de la vida. Contamos con la segunda reserva de cobre más importante del mundo, un mineral empleado por la industria militar, y estamos en la mira de los países más poderosos del mundo, por lo que movilizó a la sociedad en defensa de nuestros recursos”.
Guatemala lleva más de 50 días de paros y movilizaciones exigiendo el reconocimiento del resultado electoral que dio como ganador al Movimiento Semilla, de Bernardo Arévalo, quien tuvo el apoyo de los dirigentes progresistas de la región.
Una mujer Maya-Quiché que prefirió no dar su nombre por cuestiones de seguridad, dijo: “En Guatemala se vive demasiada violencia electoral orquestada por los grupos de poder quienes no quieren perder sus privilegios. Estamos en presencia de un Golpe de Estado. Luego de que se intentó suspender la participación de Arévalo, éste se impuso por más del 60%, el pasado 20 de agosto”.
Finalmente, El Salvador convive en prolongados estados de excepción desde marzo de 2022. Decenas de miles de personas fueron detenidas sin orden judicial y sin que se les informara los motivos. Quedaron incomunicadas y sin derecho a la defensa durante su aprehensión provisional. La organización Human Rights Watch denunció que hay más de 64.000 personas, entre ellas 1.600 menores de edad, en esa situación.
