En el paquete de las derogaciones que entraron en el DNU 70/2023, que puso en vigencia el gobierno de Javier Milei a finales de diciembre, se incluyó a la Ley de Alquileres. Esta medida daba un marco regulatorio desde el Estado para poder acompañar y dar garantías a los inquilinos a la hora de buscar una nueva vivienda.

Desde la agrupación de Inquilinos Agrupados hicieron una encuesta nacional para ver la situación de quienes alquilan a nivel nacional. Tamara Lezcano, una de sus integrantes, nos dijo lo siguiente:

“El 29 de diciembre, cuando entró en vigencia el DNU, presentamos una acción de nulidad en la Justicia pero aún se está discutiendo la competencia. En el fuero contencioso administrativo, se declaró incompetente y así se pasa en la pelota y nadie quiere hacerse cargo de resolver”.

“Estamos hablando del acceso a la vivienda, en donde hay 10 millones de inquilinos y que la única forma de acceder a un techo para poder vivir y organizar sus vidas es a través del alquiler. Y hoy quedó totalmente liberado al mercado que está haciendo desastre”.

“Llega un punto donde una dice: no lo puedo pagar, ¿y qué hago? ¿Me voy a ir a la calle con mis hijos? ¿Qué voy a hacer? Entendemos que van a llover juicios por desalojos porque viene una crisis, no solo habitacional, sino social muy grande, que esto paga ahí. Lo estamos viendo porque no se va a poder pagar el alquiler si esto sigue así”.

En el marco de está, una verdadera necesidad y urgencia, Tamara sentencia: “La realidad es que hoy necesitamos que el DNU se caiga, que la Ley Ómnibus se rechace en el Congreso definitivamente. Es sumamente necesario que volvamos a tener una protección del Estado para poder alquilar una vivienda”.