El pasado lunes, ante la fábrica de uniformados impunes, nos paramos de manos los abogados de derechos humanos y las víctimas de los hechos más inhumanos, desnudando el verso de la justicia “independiente” que cada nuevo caso desmiente: en siete años, la Policía cordobesa nos fusiló a 90 pibes y la mayoría de esos sicarios de azul sigue custodiando las redes delictivas que tejen desde la dictadura, con una gorra en la cabeza y un fierro en la cintura.
¿Y cómo funciona esta comunión? Reforzando a punta de pistola los prejuicios que alimenta la televisión, la cana ataca a esos pibes que la sociedad no dudó en marginar. Siempre por la espalda, siempre a matar.
Una vez cometido el fusilamiento, plantan un arma, para simular un enfrentamiento.
Luego, toca el turno de la Fiscalía, que escribe su primera hipótesis con el guión de la policía, como si las Fuerzas de Inseguridad fueran auxiliares judiciales. Para colmo de males, no se les dicta prisión preventiva por lo que las familias quedan expuestas a ser amenazadas. Y cuando quieren constituirse como querellantes, su participación es mínima y las pruebas que aportan son ignoradas. A veces, incluso, ni siquiera responden a sus pedidos.
Así, los oficiales terminan libres, inmaculados, sobreseídos.
Y las madres, los barrios, los amigos, destruídos.
Por eso, hace dos meses se realizó un planteo de disconformidad al Fiscal General Alejandro Moyano, frente a estas irregularidades cada vez más regulares. El funcionario negó su responsabilidad y la existencia de un plan sistemático de encubrimiento, y prometió que en dos semanas tendríamos novedades.
Nicolás Nadal, Franco Amaya, Lucas Rudicz, Raúl Ledesma, Exequiel Barraza, Brian Guaiman, son sólo algunos de los pibes que todavía no pueden descansar en paz, víctimas de una impunidad disfrazada de impericia.
Resolver nuestra inconformidad,
será justicia.
