En Córdoba, durante el período 2015 al 2020, la salud pública sufrió un recorte del 17.6% que afectó de lleno el financiamiento de dispositivos de abordaje psicológico. La 7° Marcha virtual por el derecho a la Salud Mental, realizada ayer en la provincia de Córdoba, expuso que el diagnóstico de la situación en pandemia es preocupante.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba agudiza las consecuencias del encierro recortando los recursos humanos y materiales. Las y los profesionales están alertas: “La capacidad de respuesta desde la virtualidad se ve restringida, porque no todas las y los usuarios disponen de teléfonos con conexión a Internet. A esto se le suma la falta de acceso a otras necesidades básicas, como alimentación, salud, pañales o ropa”, nos comenta Eugenia Decca, integrante del programa del Sol, que atiende situaciones problemáticas de consumo de drogas en B° Yapeyú. A mediados de mayo, la Secretaría de Prevención y Asistencia a las Adicciones dio de baja el convenio de trabajo que este Programa sostenía con los territorios.
La zona sur de la ciudad tampoco quedó exenta del recrudecimiento de este panorama. En el mes de abril, la Secretaría de Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, cerró el Equipo de Atención Comunitaria en Salud Mental de Villa El Libertador: “Al cerrarse el equipo en el barrio, las y los vecinos no sabían dónde recibir la atención que necesitaban. Tuvieron que circular por distintos lugares, como el Neuropsiquátrico u otros servicios de salud, buscando respuestas en medio de los riesgos de contagios, empeorando sus malestares”, denuncia Isabel Mamani, doctora del Equipo que fue trasladada a hacia B° Ampliación Ferreyra por reclamar medidas de limpieza y bioseguridad para evitar contagios de Covid-19.
El gran problema radica en la nula asistencia en los barrios. Gastón Vachianni, director del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, señala que “cada barrio debería tener su equipo de atención comunitaria. Hoy, el Neuropsiquiátrico está concentrando prácticamente el 90% de pacientes que necesitan abordaje psicológico”. A este conflicto estructural se le suma la precarización laboral a la que están sometidos las y los trabajadores: la mayoría no percibe ni aportes jubilatorios ni vacaciones.
En defensa de un derecho humano, esta nueva marcha reiteró sus demandas: «Exigimos la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Para eso, es fundamental un presupuesto que permita la creación y el sostenimiento de dispositivos alternativos al manicomio, como centros de salud barriales, casas de medio camino, u hospitales de día», concluye con firmeza Gastón, dejando en claro la necesidad de políticas públicas en esta cruda realidad. ¡Hoy la urgencia es construir en comunidad!
