Acceder a medicamentos es una posibilidad cada vez más lejana en nuestros barrios. Las enfermedades varían, pero la situación es la misma. En el Bajo Flores una vecina con cáncer renal necesita tomar eritropoyetina, que cuesta $8000; es imposible pagarlo, y en el hospital Santojanni no tienen stock. Con tan sólo 34 años, Johana de Formosa tiene un diagnóstico de artritis avanzada; la medicación para su tratamiento no se consigue en centros de salud públicos, y cuesta $10.000, ¡el 30% de sus ingresos! En el barrio San Martín de Paraná, Entre Ríos, Margarita tiene un hijo de dos años que sufre de asma y en el centro de salud no se consigue la medicación; el hospital más cercano queda a 3 kilómetros y casi nunca tienen, así que no le queda otra que comprarlo: $1500 por mes.

Según el INDEC, los gastos relativos a salud aumentaron un 4,7% en octubre de este año y en doce meses la suba llegó al 62,2%, 10 puntos arriba del promedio de inflación interanual general. El 4 de noviembre, el Gobierno nacional llegó a un acuerdo con representantes de la industria de los laboratorios: se logró retrotraer el precio de los medicamentos al 1/11 y se congeló en ese nivel hasta el 7 de enero. Mientras programan mesas de trabajo, en los barrios populares seguimos peleando por nuestra salud, con muy pocos elementos.

No hay más remedio:

deben regular el precio de los medicamentos.