Ayer en Jujuy, el gobierno de Morales llevó adelante 16 allanamientos a sedes de organizaciones sociales, comedores, merenderos y domicilios de dirigentes. Justificados insólitamente por una causa que investiga presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión.
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“Esto es parte de un plan sistemático y perverso que viene de hace tiempo por parte del gobierno de Gerardo Morales que intenta disciplinar a la sociedad jujeña. Creen que con esto nos vamos a callar porque la situación de represión y hambre es tremenda. Infiltran policías, arman contravenciones, inventan causas, hacen allanamientos y meten presos: esto es Jujuy”, afirma Miguel Ramos de la Asamblea de Trabajo y Dignidad-AJI 20.
Juan Ángelo del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) considera que “estas prácticas fueron las mismas que hicieron con Milagro Sala. El gobierno nacional debe intervenir el poder judicial de Jujuy. No solamente se allanó a implicados sino también a familiares. Al compañero Daniel Galián le allanaron la casa a la madrugada, lo redujeron en el piso y apuntaron con armas a los dos menores que viven con él. Es un operativo que no solo violentó sino que fue sin acta de decomiso”.
Silvia Saravia, Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, participó de la conferencia de prensa del conjunto de organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera donde denunciaron “la judicialización de la protesta social y la organización popular”. Según Saravia los allanamientos se realizaron “de forma muy agresiva y persecutoria, Han tenido actitudes repudiables porque han roto instalaciones de comedores y atacaron con gas pimienta a los compañeros que estaban en esos lugares”.
Hagamos circular esta información: la Justicia de Morales atropella el Estado de Derecho. ¡Basta de criminalizar a las organizaciones populares!
