400 mil hectáreas tiene, por ahora, el Delta del Paraná. Al igual que en el 2020 vuelve a encontrarse bajo fuego y las llamaradas, el humo y las cenizas llegan a Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En lo que va del 2022, ya se quemaron más de 90 mil hectáreas en todo el país. Mientras la frontera agrícola y los negocios inmobiliarios avanzan, la Ley de Humedales sigue cajoneada y el gobierno presentó un nuevo proyecto al que las organizaciones ambientalistas califican de “lavada”.
Ivo Peruggino es integrante de la Multisectorial Humedales y asegura que “la situación es muy crítica. Ahora aparecieron focos muy grandes en simultáneo. Existe un vínculo muy estrecho entre el avance agropecuario y los incendios en el humedal. Si comparamos los mapas satelitales, los incendios son exactamente en los mismos lugares que en 2020”.
“Todos los delitos ambientales son cometidos por los poderosos y las peores consecuencias siempre las sufren más las clases populares. El fuego es la amenaza más directa que tienen los isleños, la gente que históricamente ha vivido en el humedal, siempre están a punto de perder su rancho o incluso su vida”, cuenta Ivo.
Mientras tanto, el Estado aparece cuando ya es tarde. Hace dos años, el ministerio de medioambiente y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, inauguraron faros de conservación en el Delta del Paraná. Los focos actuales se desarrollan a nueve kilómetros de uno de los faros y no aportan ninguna solución.
Peruggino señala: “Están fallando todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estamos desilusionados con el nuevo proyecto de Ley de Humedales. Lo hacen para dejar quieto al ambientalismo y darle vida a los ecocidas. Hay múltiples irregularidades como cazas furtivas, terraplenes, elevación de terreno, relleno de humedal, cortan cursos de agua, secan lagunas y depredan la fauna”.
Exigimos al Estado mayor respuesta ante estos incendios que solo dejan tierra arrasada, ideal para hacer negocios.
