A diez días del comienzo de la crisis política que afecta al país, la represión gubernamental ya suma al menos 18 víctimas fatales, entre ellas David de 15 años, Beckham y Wilfredo de 18, además de heridos -incluyendo menores- y detenidos. El Ejército salió a las calles siendo una de las medidas represivas más duras de la presidenta.
Toda la población tiene derecho a protestar, algo que los gobiernos no terminan de asimilar. Tanto que lo último es la declaración del Estado de Emergencia por 30 días suspendiendo garantías constitucionales.
En 2021 fue electo Pedro Castillo, con mayoría de votos del interior de Perú. Esa misma población que hoy está en las calles, movilizada masivamente, porque no reconoce a la presidenta Boluarte, reclamando el cierre del Congreso y el inicio del proceso para una nueva Constitución. Muchos piden la liberación del primer maestro rural que llegó a la presidencia.
El hostigamiento al gobierno desde las elecciones sentó las bases para llegar a esta situación dramática. El anuncio de Castillo de cerrar el Congreso, que ya venía dando señales desestabilizadoras, no había llegado a consumarse en la firma de ningún decreto; no obstante, sigue detenido. La ‘incapacidad moral’ es un recurso que se ha utilizado en Perú innumerable cantidad de veces, independientemente de investigaciones judiciales que concluyan en condenas comprobadas y efectivas. Las disputas palaciegas tienen su propia lógica.
La salida en esta coyuntura es compleja; no hay vasos comunicantes entre las bases populares, campesinas e indígenas y las élites partidarias e institucionales de Lima. Melanie Juárez comenta desde el norte peruano: “En Apurímac hay 5 fallecidos, 4 en Andahuaylas y uno en Chincheros. La policía ya no está haciendo uso de bombas lacrimógenas sino de armamento balístico; las personas están siendo masacradas en los cerros sin defensa alguna. El hospital de Andahuaylas ha colapsado y la Policía Nacional de Perú (PNP) no está dejando que entren más heridos a atenderse”.
Cuando se determinó la vacancia de Martín Vizcarra, en 2020, asumió Manuel Merino -que era presidente del Congreso-. Duró 5 días en el cargo y durante las protestas fueron asesinados Inti Soleto y Bryan Pintado, cuyas familias aún reclaman justicia. La perspectiva de una transición liderada por el actual presidente del Congreso sería incluso peor.
La organización popular y la renovación dirigencial son imprescindibles en Perú para vislumbrar una salida de largo plazo. Los sectores concentrados de poder seguirán defendiendo sus privilegios, pero un pueblo que no calla y se organiza seguirá luchando por sus derechos.
